600 empresarios fueron condenados penalmente en 2022 por explotar a trabajadores

Un total 600 empresarios fueron condenados con sentencia firme en 2022 por delitos penales contra los derechos de los trabajadores. Es decir, por tener trabajando 'en B' a parte de la plantilla, por negarles cuestiones básicas como las vacaciones mínimas reconocidas por ley, por poner en peligro su integridad física al no cumplir con las protecciones y los protocolos de seguridad o coartar su libertad sindical, entre otros.

El INE ha actualizado este lunes su estadística de condenados, elaborada conjuntamente con el Ministerio de Justicia, que revela un repunte en el número de este tipo de delitos del 6,6% respecto al 2021, si bien la cifra absoluta de penas sigue por debajo de las registradas antes de estallar la pandemia. Estas estadísticas únicamente recogen delitos tipificados en el código penal, es decir, no computan aquellas faltas administrativas y las juzgadas por la vía de lo social, como los despidos nulos o la gran mayoría de indemnizaciones.

Por ejemplo, un caso de delito penal contra los derechos de los trabajadores sería el que recoge la sentencia publicada el pasado mayo y dictada por el juzgado de lo penal número 28 de Barcelona. En dicha ocasión, un empresario de El Prat de Llobregat fue condenado a tres meses de cárcel por amenazar a su plantilla con despedir a la mitad si votaban la lista de un sindicato en los próximos comicios sindicales. Un empleado grabó el alegato que lanzó a los empleados y el juez consideró probada la vulneración de derechos fundamentales. 

El caso, pendiente todavía de juicio, del joven que murió en una fábrica de Cornellà atrapado por una máquina que no cumplía con los mínimos indispensables de seguridad, será otro sobre el que los tribunales deberán pronunciarse. Y determinar si, tal como ya interpretó la Inspección de Trabajo, exisitió una negligencia manifiesta por parte del empresario y que este fue responsable de la muerte del chico de 19 años.

Según los datos del INE del 2022, la gran mayoría de casos que llegan a juicio por la vía penal suelen resolverse con multas (31,7%). Las penas de prisión son más minoritarias (18% de los casos juzgados) y las condenas de corta duración: solo cuatro de los empresarios condenados tuvieron que pagar con más de dos años de cárcel por sus delitos.

Pendientes de la nueva reforma del código penal

Los datos publicados este lunes por el INE tampoco recogen todavía la última reforma del código penal, aprobada por el Gobierno en diciembre del 2022 y que tipifica explícitamente el empleo reiterado de falsos autónomos por parte de una empresa o empresario como delito penal. Castigado este con penas incluso de cárcel y por el que recientemente una plataforma de 'riders' y taxistas ha denunciado a la empresa de reparto Glovo.

Esa misma plataforma ultima nuevas querellas similares contra otra firma importante en el sector y el Ministerio de Trabajo, a su vez, está finiquitando un informe que presentará ante Fiscalía para que abra diligencias contra Glovo. No está previsto que hasta, como pronto, la semana que viene activen nada a este respecto.

El número de delitos penales contra los derechos de los trabajadores, a expensas del efecto que tenga sobre las estadísticas la nueva reforma, ha ido disminuyendo durante los últimos años. Las primeras cifras recopiladas por el INE remiten a 2013, cuando hubo 854 sentencias firmes de delitos penales contra los derechos de los trabajadores. El pico registrado tuvo lugar en 2016, con 1.050 condenas, y el mínimo se registró durante el primer año de pandemia -condicionadas las estadísticas por el brusco descenso en la actividad económica-.

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