Bruselas endurece la reglas contra la morosidad: pagar facturas en 30 días será la norma

Una de cada cuatro quiebras en la Unión Europea tiene como origen retrasos en el pago de facturas mientras que una de cada dos se abona más tarde de lo debido (o no se paga). Para luchar contra esta situación, la Comisión Europea ha propuesto este martes un nuevo reglamento con normas más estrictas para garantizar los pagos a proveedores en un plazo máximo de 30 días. El objetivo es luchar contra la morosidad y evitar una práctica desleal que, según Bruselas, compromete el flujo de caja de las pymes y obstaculiza la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro. 

“Todos tendrán que respetar la regla de los 30 días. Será vinculante y obligatorio para todos. No habrá excepciones. Tampoco para la administración pública”, ha avisado el comisario de mercado interior, Thierry Breton, que reconoce que en el pasado se ha abusado de las excepciones de la norma, que han permitido alargar los plazos de pago por encima de los 30 días y más allá incluso de los 120 días. El nuevo reglamento derogará una directiva de 2011. “Las directivas dependen de los Estados miembros que los pueden trasponer a su manera. Algunos países lo hicieron pero otros no. Ahora lo incluimos en un reglamento para que se armonice en todos los países. Será ley y por lo tanto funcionará”, ha añadido el comisario sobre un plan que introduce un plazo de pago máximo único de 30 días para todas las transacciones comerciales, que pretende eliminar ambigüedades y colmar lagunas de la normativa actual. 

Por ejemplo, la propuesta de Bruselas garantizará el pago automático de los intereses acumulados y las tasas de compensación e introducirá nuevas medidas de ejecución y compensación para proteger a las empresas contra los malos pagadores. La propuesta no afectará a los plazos de pago más cortos establecidos en la legislación nacional, para garantizar la seguridad jurídica. Sin embargo, sí permite una excepción a la actual directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario para el suministro de productos no perecederos. El plazo de pago actual de estos productos está fijado en un máximo de 60 días y la propuesta lo reduce a 30 días. 

Administración pública, también

Bruselas también elimina la actual ampliación de plazos de pago a 60 días para las entidades públicas que prestan asistencia sanitaria y para las autoridades públicas que desarrollan actividades económicas de carácter industrial o comercial como empresa pública. A diferencia de la actual normativa también elimina el concepto ambiguo de disposiciones contractuales “extremadamente injustas”, reemplazándolo por una lista de condiciones y prácticas de pago bien identificadas.

Bruselas justifica su propuesta en que la morosidad reduce la competitividad de las empresas, aumenta los costes de financiación y hace que las empresas renuncien a oportunidades comerciales o de inversión atractivas. Por ejemplo, según los cálculos de la Comisión, una reducción de un día en los retrasos en los pagos aumentaría el flujo de caja agregado de las empresas de la UE en un 0,9% y podría ahorrarles 158 millones de euros en costes de financiación.

La propuesta forma parte de una batería de medidas propuesta por la Comisión para apoyar a las pymes, que suponen el 99% del tejido industrial de la UE, simplificar la burocracia y crear un marco regulatorio más efectivo. El plan prevé también que las pymes calculen su base imponible conforme a las normas del país donde tienen su sede y presenten una única declaración de impuestos en ese Estado, algo que según los técnicos comunitarios reduciría, un 32 % los costes de administración y permitiría ahorrar 34.000 millones de euros anuales.

Base imponible de multinacionales

Además, Bruselas plantea, por tercera vez en poco más de una década, una propuesta para establecer las mismas reglas para determinar la base imponible de los impuestos que deben pagar las multinacionales. Las empresas pertenecientes al mismo grupo tendrán que calcular su base imponible de acuerdo con un conjunto de reglas comunes. Las bases imponibles de todos los miembros del grupo se agregarán en una única base imponible y cada miembro del grupo tendrá un porcentaje de la base imponible agregada calculado sobre la base del promedio de los resultados imponibles de los tres ejercicios fiscales anteriores.

La propuesta se basa en los acuerdos cerrados en el marco de la OCDE y el G20 y se aplicaría, a partir del 1 de julio de 2028, a los grupos que operen en la UE, con unos ingresos anuales combinados de al menos 750 millones de euros y en los que la entidad matriz última posea al menos el 75% de los derechos de propiedad o de los derechos que dan derecho a obtener beneficios. Es decir, a unas 4.000 empresas. “Soy optimista porque esta propuesta tiene muchas más posibilidades de triunfar”, ha dicho el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. Según la OCDE, los grandes grupos con una facturación consolidada de al menos 750 millones de euros pagan alrededor de 132.000 millones de euro o el 1% del PIB, en impuestos. Las nuevas reglas podrían reducir los costos actuales de cumplimiento tributario de las empresas hasta en un 65%.