Anticorrupción pide juzgar a Duro Felguera por presuntos sobornos de su dirección anterior

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto juzgar a la ingeniería asturiana Duro Felguera, a su expresidente y su ex consejero delegado, así como a varios exaltos cargos del expresidente venezolano Hugo Chávez por presuntos pagos de comisiones y sobornos.

En un escrito, el Ministerio Público pide al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que proceda contra 12 personas físicas y cuatro jurídicas por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

Entre esas personas se encuentran el que fuera presidente de la empresa Juan Carlos Torres Inclán y el ex consejero delegado Ángel Antonio del Valle. Por parte del Gobierno de Venezuela, figuran los exviceministros Javier Ochoa Alvarado y Nervis Villalobos, además de sus respectivas esposas, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto.

La Fiscalía enmarca los hechos en 2009, cuando "se produjo una gran crisis energética en Venezuela que llevó incluso a restricciones y racionamiento". "Como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la Administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica Planta El Sitio", explica.

Para la adjudicación de esta obra, relata el escrito, el entonces ministro para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa Duro Felguera. "Ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación, siendo los investigados Ángel Antonio del Valle y Juan Carlos Torres Inclán los que decidieron dichos pagos", sostiene la Fiscalía.

Anticorrupción detalla que, para la construcción de la central, la empresa española actuó como UTE Termocentro, junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era en realidad Duro Felguera.

Así, y según la Fiscalía, UTE Termocentro "firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas, que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil".

"A través de esos contratos, Torres Inclán y Del Valle Suárez, en su calidad de responsables de Duro Felguera, decidieron entregar varias cantidades de dinero hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares [unos 94,3 millones de euros al cambio actual] a Nervis Villalobos, por sociedades interpuestas con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil", añade Anticorrupción.

Dicha cantidad, detalla el Ministerio Fiscal, se pagó en tres tandas: una, 53.950.000 dólares; otra, de 25.000.000 dólares; y, la última, de 26.677.600. Las dos primeras se habrían efectuado a través de la sociedad Terca y, la última, a través de Ingespre.

"Para conseguir la adjudicación de la construcción de la central Termocentro, y tener un trato de favor desde las más altas instancias, los dos directivos de Duro Felguera realizaron pagos útiles, para que, desde los puestos ocupados por Luis Carlos de León Pérez, Julia Van Der Brule, así como el de Javier Ochoa Alvarado, entre otros, y con los contactos de Nervis Villalobos se beneficiara a la oferta presentada por Duro Felguera".

La Fiscalía asegura que "estos favorecieron los intereses de la firma española en esta adjudicación, desde sus puestos de las empresas públicas dependientes del proyecto Termocentro". "Concretamente en Electricidad de Caracas, incardinada en el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, del que Javier Alvarado Ochoa llegó a ser viceministro", anuda.

Anticorrupción también señala en su escrito que, para el afloramiento de los presuntos sobornos, los investigados procedieron a la compra de numerosas viviendas radicadas en España.

Por último, la Fiscalía solicita el archivo de la causa para siete investigados, entre los que se encuentran varias personas relacionadas con Duro Felguera o el que fuera director general de la UTE Termocentro.

Cabe recordar que la causa instruida en la Audiencia Nacional analizaba presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales por los hechos fruto de una investigación surgida en 2015.

La misma surgió a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), que detectó "indicios de criminalidad" por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los políticos presuntamente sobornados.

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