Los trabajadores que demoran su jubilación están cobrando un cheque medio de 20.500 euros

La reforma diseñada por el ministro José Luis Escrivá para apuntalar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones va cogiendo pista y deja sus primeras improntas en el mercado laboral. El titular de Seguridad Social ha defendido durante el largo proceso de negociación con los agentes sociales y los partidos en el Congreso que no era necesario alargar la edad legal de jubilación –como está haciendo Francia-, sino que la clave debía pasar por dar incentivos y que los españoles que pudieren vieran rentable trabajar más años. Así cotizarán durante más tiempo y, a su vez, la Seguridad Social deberá pagarles durante menos años la pensión. 

En definitiva, apostar por la zanahoria y no tanto por el palo, como sí habían hecho gobiernos anteriores. Y una de esas zanahorias es la posibilidad de optar a un pago único –una especie de cheque- que se ofrece cobrar a aquellos empleados que deciden alargar como mínimo 12 meses su vida laboral.

Hasta ahora, para quienes han decidido acogerse a esta opción, el importe medio de dicho cheque se sitúa 20.511 euros, según datos de la Seguidad Social. No obstante, existen importantes fluctuaciones en la cantidad resultante, dependiendo de la pensión inicial que corresponda, de los ejercicios cotizados y del número de años que se ha decidido demorar el momento de la jubilación.

De acuerdo a estas tres variables, el importe mínimo del cheque por demorar la edad de jubilación roza los 5.000 euros por cada año de retraso; el máximo ronda los 12.500 euros por año, según supuestos que figuran en publicaciones de la Seguridad Social. Y la cantidad media que ha resultado en los cinco primeros meses de 2023 se sitúa en 20.511 euros.

Nuevo esquema de incentivos

Los nuevos incentivos a la jubilación demorada quedaron incoporados en el primer bloque de la reforma del sistema de pensiones consensuado por el Gobierno con patronal y sindicatos y que se formalizó en el verano del 2021 en los jardines de Moncloa.

Allí el Gobierno aprobó una serie de incentivos para demorar la jubilación de los trabajadores. Y el resultado, dos años después, es que el número de ocupados que ha decidido postergar su retiro en los cinco primeros meses de 2023 ha aumentado un 45% respecto al mismo periodo de 2022, según los últimos datos facilitados por la Seguridad Social. Si se compara con los cinco primeros meses de 2019 el aumento llega al 62%.

Las críticas que en su momento lanzaron parte de los detractores de estas medidas es que eran complementos que beneficiaban a las capas ya más remuneradas del mercado laboral, agrandando la brecha con las más precarias. Pues aquellos trabajadores físicos -como un peón de obra o una limpiadora- dificilmente podrán plantearse, por estado de salud, alargar su vida laboral. Mientras profesiones liberales que suelen estar mejor pagadas -abogados senior, catedráticos universitarios o cirujanos, entre otros- sí tienen más posibilidades de acceder a estos cheques o pensiones aumentadas.

Más demoras y por un periodo más largo

En España se jubilaron entre enero y mayo de este año -últimos datos disponibles- un total de 137.049 personas. De este total, 11.075 casos fueron jubilaciones demoradas (el 8,1%).

Un año antes, cuando la reforma aún estaba empezando a rodar y con una cifra de jubilaciones casi idéntica, el número de trabajadores que postergaron su retiro fue de 7.649 (el 5,5%). El aumento, pues, ha sido del 45% en un año.

De las 11.075 jubilaciones demoradas hasta mayo, un total de 5.383 lo han hecho por un mínimo de 12 meses (que es el periodo que da opción a solicitar el complemento de demora) y esta cantidad de personas triplica la de quienes en 2022 retrasaron su retiro por un periodo superior a un año.

Es decir hay más trabajadores que retrasan su edad de jubilación (el 45% más) y hay más de ellos que lo hacen por un periodo más largo de tiempo (el triple).

Actualmente la edad legal de jubilación está en 66 años y medio, si bien la edad real es de 64,8 años. A través de diferentes incentivos se persigue acercar la segunda cifra a la primera. De ello depende, en gran parte, que la Seguridad Social obtenga más ingresos y pueda paliar las tensiones derivadas del retiro de la generación del 'baby boom'.

Tres fórmulas

La reforma del ministro Escrivá ofrece la posibilidad de elegir entre tres fórmulas de incentivos como contrapartida a alargar la edad de jubilación.

La primera de ellas permite la obtención de una cantidad a tanto alzado (cheque) en función de la pensión inicial que corresponda, el número de años cotizados y el periodo en que se demore la jubilación.

La segunda opción permite cobrar un 4% más de pensión por cada año que demore la jubilación (antes de la reforma era un 2%). En principio, esta fórmula puede ofrecer una mayor ventaja a largo plazo a los jubilados, pero que les deja sin esa inyección inmediata de liquidez que representa el cheque.

La tercera vía de incentivo para alargar la edad de jubilación consiste en una fórmula mixta: cobrar un cheque e incrementar un poco más la futura pensión.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, uno de cada tres trabajadores que demoran su jubilación un mínimo de 12 meses optan por cobrar el cheque (la primera de las fórmulas).  

Penalizaciones si avanzan la jubilación

Los incentivos a retrasar la jubilación son la 'zanahoria', pero el sistema de Escrivá también tiene su ‘palo’. Y es que la reforma introdujo una serie de coeficientes reductores que penalizan más a aquellos trabajadores que deciden adelantar de manera voluntaria su retiro, recortando su futura pensión. Dichas penalizaciones se centran especialmente en los primeros meses de jubilación y, según los datos que maneja la Seguridad Social, están teniendo ya sus efectos antes incluso de entrar en vigor. 

Y es que, si bien los premios para alagar la vida laboral ya están vigentes, las penalizaciones a la jubilación anticipada empezarán a aplicarse para aquellos que se prejubilen en 2024.

En 2021, año en el que se anunció la reforma, el 63,6% de las personas que se jubilaron lo hicieron antes de haber alcanzado la edad legal, temiendo las penalizaciones que iban a llegar con el nuevo sistema.

Un año después, ya con la norma conocida pero todavía no en vigor, dicho porcentaje se rebajó al 43,9%, con una caída especialmente intensa entre aquellas personas que optaban por anticipar dos años –el máximo permitido por ley- su retiro.

En esta línea, la reforma de Escrivá también ha limitado a muy pocas casuísticas la posibilidad de que un convenio colectivo pueda obligar a una persona a jubilarse. Queda descartado siempre que dicho trabajador no tenga los años de cotización mínimos para retirarse. También queda muy vinculado a la obligación de reemplazar al empleado con un contrato de relevo, indefinido y con promoción de las mujeres en el caso de aquellos sectores más masculinizados. 

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