Desde finales de la década de los ochenta, la vida musical española comenzó a experimentar un paulatino intento de homologación con los estándares europeos. Se vivía una situación tercermundista en el ámbito de la música clásica. Desde las instituciones, se comenzó a tomar conciencia del atraso que sufría la música patrimonial. Se produjo entonces una eclosión de infraestructuras: nuevos auditorios y la reforma de los teatros históricos. Fue un primer avance esencial que se completó con la fundación de orquestas sinfónicas. Todo ello supuso un verdadero revulsivo. Se instauraron circuitos de conciertos y, por primera vez, se contó con una red de giras en la que las orquestas autonómicas y municipales convivían con las formaciones invitadas. Esto llevó a que, por primera vez en mucho tiempo, la vida musical española lograse consolidar una actividad que comenzó a aproximarse a la que se podía disfrutar en Europa. Además, el asentamiento de los circuitos permitió la irrupción de formaciones especializadas y la mejora de la educación musical en los conservatorios y en el ámbito universitario, con la implantación de las titulaciones en Musicología, han sido elementos esenciales en el crecimiento. La labor de los musicólogos está siendo impagable. Gracias a ellos se ha logrado la recuperación del patrimonio.
Pero a la vez se ha producido una gran regresión que ha lastrado todos los avances. Llevamos ya treinta años de destrucción de la educación musical en el sistema educativo general. La música está arrinconada, como algo accesorio y no sustancial. Esto ha llevado a un analfabetismo musical que está llegando a las clases dirigentes, incapaces de abordar la materia con unos mínimos de capacidad para saber de las necesidades del sector. Y esto ocurre cuando las orquestas necesitan más apoyo que nunca. Inmersas en un proceso de renovación de público que requiere de un soporte relevante que contemple las necesidades reales y permita presupuestos adecuados para afrontar proyectos ambiciosos y a largo plazo. No encuentran las orquestas interlocutores válidos y en la propia asociación que las engloba se ve una constante queja porque se frustran de manera continua posibles avances, con alguna tímida excepción casi anecdótica. Hay que insistir de manera continua en que las orquestas son un servicio público, ejercen de vehículos imprescindibles para que la ciudadanía tenga cubierto su derecho de acceso a la música que es patrimonio de la humanidad. Y esto, lógicamente, tiene un coste. No superior, desde luego, a mantener una red de museos o al mantenimiento del patrimonio arquitectónico del país. En estos años de aniversarios redondos, en torno a la treintena, se impone la necesidad de un proceso de reflexión con respecto al futuro de un sector que necesita criterios claros y objetivos para dar el salto al siglo XXI. En el resto de Europa esto se está haciendo con seriedad. Aquí no se ve ese compromiso por ningún lado.
Basta ver cómo las regiones europeas aportan para que sus orquestas puedan girar y exporten la cultura de sus respectivos territorios a otros países y cómo nuestras orquestas apenas logran salir de su territorio por la falta de ayuda institucional. Es un ejemplo nítido, de entre otros muchos, de cómo esa falta de soporte necesita de un impulso nacional y de coordinación administrativa en el que el Ministerio de Cultura debiera ser un agente impulsor y no un mero espectador.
