Un empresario de la construcción de la zona de Manacor aceptó ayer una condena de tres años y medio de prisión en un juzgado de Palma por estafar a más de 30 inmigrantes con contratos laborales falsos. La abogada defensora del acusado alcanzó un acuerdo con la fiscal, que inicialmente reclamaba cinco años de cárcel por falsedad documental y estafa. El ministerio público ayer rebajó su solicitud a 21 meses de prisión por cada delito, además de una multa de nueve meses con una cuota diaria de cuatro euros, y la defensa se adhirió.
Otros cinco encausados, todos ellos inmigrantes africanos, fueron juzgados en el mismo caso y se acogieron a su derecho a no declarar ayer al mediodía en la vista oral. La fiscal mantuvo para ellos su petición de pena de dos años de cárcel por falsedad, mientras que los letrados defensores reclamaron su libre absolución al considerar que ellos habían sido víctimas del fraude laboral, ya que el empresario se había aprovechado de su condición de extranjeros y ellos creían que iban a poder trabajar, por lo que no hubo intención de engañar por su parte. La causa quedó vista para sentencia.
Una testigo destacó que la empresa de construcción investigada era "una empresa ficticia", sin ninguna actividad laboral. Según su versión, el objeto de esta sociedad era la construcción, pero en realidad no desarrolló ninguna actividad. Por tanto, no era una constructora. Las autoridades comprobaron también que no había participado en la reforma de un hotel en Cala Mandia.
La testigo también manifestó que no le constaba que los empleados hubieran desempeñado ningún trabajo. Varios denunciaron en la Inspección de Trabajo que habían firmado contratos laborales falsos. El empresario estafó a más de 30 inmigrantes ofreciéndoles contratos de trabajo falsos para regularizar su situación.
