"No me daban instrucciones de lo que tenía que hacer. El dinero lo guardaba yo". Con estas palabras, una testigo protegida que ejercía la prostitución en las calles de la Playa de Palma cuando supuestamente aún no había cumplido la mayoría de edad, negó ayer durante el juicio que fuera obligada a ofrecer sus servicios sexuales. Pese a ello, la fiscal pidió para la única procesada, la otra está en rebeldía, cuatro años de prisión por prostituir a menores.
Los hechos que ayer fueron enjuiciados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tuvieron lugar en abril de 2013. La Policía Nacional averiguó que al menos una joven nigeriana, menor de edad, se pudiera estar prostituyendo en la calle Marbella de la Playa de Palma.
Tras varias pesquisas, los agentes acudieron al domicilio de la calle Pere Joan Llobet de Palma, donde residía la menor, y detuvieron a las dos mujeres que estaban con ella por obligarla a ejercer la prostitución.
Un encuentro "casual"
La única procesada por estos hechos negó ayer categóricamente que obligaran a ejercer la prostitución a la joven. De hecho, la encausada afirmó que la habían encontrado de forma "casual" en la calle Marbella y que le ofrecieron irse a vivir con ellas para compartir los gastos.
Debido al aspecto aniñado llamaban a la meretriz con el alias de small (pequeña, en inglés), pero la encausada aseguró que desconocía que no hubiera alcanzado, supuestamente, la mayoría de edad.
Un inspector jefe de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) aseguró que acompañaron a la menor a su domicilio en Palma. "No sabía llegar allí y no nos abrieron la puerta", indicó. La joven nigeriana recibió entonces una llamada al móvil de su supuesta 'mami'.
La joven subsahariana fue sometida a una prueba osométrica y el dictamen médico concluyó que no había cumplido aún la mayoría de edad. Su edad rondaría los 17 años.
Una policía definió a la supuesta madame, que se sentaba en el banquillo de la Audiencia, como una persona "agresiva y dominante". La funcionaria también aseguró que la procesada "se quedaba con el dinero" de las otras mujeres. Para ello, "amenazaban a sus familiares y amigos en su propio país".
Por su parte, el abogado defensor de la encausada, Carlos Portalo, pidió ayer la libre absolución de su cliente al considerar que "no existe prueba de cargo"y, por tanto, "ninguna prueba de explotación sexual".
