La fiscalía solicita penas que suman 136 años de cárcel para 18 presuntos miembros de un banda de narcos por introducir y distribuir en Mallorca grandes partidas de hachís. La droga, procedente del sur de la península, llegaba a la isla oculta en camiones o a través de paquetes postales y la Guardia Civil logró interceptar tres cargamentos con un total de 318 kilos. Uno de los acusados se hizo pasar por agente del instituto armado para obtener información y, además de un delito contra la salud pública, está acusado de usurpación de funciones públicas.

La organización, según el ministerio público, actuó al menos entre junio de 2010 y enero de 2011. El líder de la banda se abastecía de hachís en Málaga, desde donde se remitía la droga a Mallorca por diferentes vías. Una de ellas era mediante camiones de transporte. Los alijos eran trasladados primero a Barcelona, donde se ocultaban en los vehículos pesados que luego embarcaban en ferrys hacia Palma. Para ello, la red contaba con la colaboración de trabajadores de empresas de transporte. En noviembre de 2010, uno de los camiones fue interceptado en el puerto de Barcelona con 92 kilos de hachís distribuidos en 129 paquetes y su conductor fue arrestado.

Esta detención provocó un cambio de estrategia y los traficantes empezaron a utilizar los envíos postales como método para introducir la droga en Mallorca. El hachís seguía llegando a Barcelona y desde allí era remitido a través de una empresa de paquetería. La organización contaba con trabajadores de esta compañía para facilitar la recepción de la droga en Palma sin ser descubiertos, ya que incumplían las normas de la empresa y no exigían identificación a la persona que recogía los paquetes. Algunos de los envíos se realizaron también desde Castellón. La Guardia Civil interceptó dos cargamentos remitidos mediante este sistema y decomisó un total de 227 kilos de hachís. Uno de los cabecillas de la banda habría simulado ser agente del instituto armado para abordar a una empleada de la empresa de paquetería e interrogarla sobre el retraso en la entrega de uno de los envíos.

Los líderes de la red, según el fiscal, implicaron a varios familiares suyos para financiar, como inversores, la compra de grandes partidas de droga. Además, contaban con colaboradores para ocultar y distribuir el hachís en la isla y obtener muestras para comprobar su calidad.

El fiscal imputa a los 18 procesados un delito contra la salud pública y al que simuló ser guardia civil, otro de usurpación. Para los presuntos cabecillas de la banda pide entre nueve y doce años de reclusión, mientras que el resto de procesados se enfrentan a penas de siete años. Para todos ellos reclama multas de un millón de euros. Los acusados comparecieron ayer en la Audiencia, pero el juicio quedó aplazado hasta el próximo mes de junio al no alcanzarse un acuerdo de conformidad.