El juez ha permitido la reapertura de uno de los 33 locales clausurados por su vinculación con la mafia laboral. El magistrado ha tomado esta decisión tras comprobar que el dueño del establecimiento, situado en la plaza de Cort, ha regularizado la situación laboral de todos sus empleados. Una medida que pretende evitar que los trabajadores que han sufrido las supuestas condiciones abusivas se vean ahora abocados al desempleo.
El establecimiento Casa Víctor, situado en la plaza de Cort de Palma, figuraba entre los 22 locales clausurados por orden judicial tras la primera fase de la operación de la Policía Nacional a mediados de diciembre, en la que fueron detenidas 14 personas y seis ingresaron en prisión. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, encargado de las pesquisas, decretó entonces el cierre temporal de esos negocios ante las ilegalidades detectadas. En las semanas siguientes han sido precintados otros once establecimientos y los agentes han arrestado a cuatro personas más.
El precinto masivo de los locales fue una medida pionera pero supuso un duro revés para los trabajadores de los establecimientos, que según reveló la investigación llevaban años sufriendo condiciones abusivas, sin contrato, con jornadas maratonianos, sueldos bajos e incumplimientos sistemáticos de sus derechos. Varios abogados plantearon en el juzgado que podían adoptarse medidas menos gravosas para evitar un nuevo calvario a estas víctimas, con un oscuro futuro laboral debido a la clausura de sus centros de trabajo.
El pasado viernes, el juez levantó la medida cautelar del restaurante Casa Víctor y permitió que reabriera sus puertas. Lo hizo tras comprobar que el empresario investigado había subsanado las irregularidades detectadas por los investigadores. El dueño ha contratado a todo su personal, con 40 horas semanales a jornada completa. Del establecimiento se han retirado ya las cintas policiales y el cartel en el que constaba la clausura por orden judicial. De hecho, durante la Revetla de Sant Sebastià estaba abierto al público.
Tanto el magistrado como la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación y siguen llevando a cabo diligencias para desmantelar el entramado. Por el momento han sido detenidas 18 personas, seis de las cuales -los considerados cabecillas de la red- permanecen en prisión preventiva desde mediados de diciembre. Los investigadores han detectado, además de numerosos casos de explotación laboral, irregularidades fiscales y fraudes a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, graves deficiencias en la conservación de los alimentos que se servían en los locales y represalias a empleados que reclamaban sus derechos.
