La detección de tres prostitutas nigerianas dadas de alta como operadoras de telecomunicaciones en un locutorio de Inca desveló un entramado que estafó a la Seguridad Social más de 21.500 euros. La Policía Nacional detuvo a ocho personas por un presunto delito de falsedad documental y por este fraude a las arcas públicas.
La investigación policial se inició durante una redada el pasado mes de octubre en la Playa de Palma. Al identificar a una serie de mujeres nigerianas durante un dispositivo de prevención de la delincuencia, un dato les llamó poderosamente la atención. Un total de tres de ellas aparecían dadas de alta en la Seguridad Social como operadoras de telecomunicaciones para un trabajador autónomo.
A continuación, los investigadores de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación (Ucrif) del Cuerpo Nacional de Policía averiguaron que la sede de esta empresa donde estas mujeres aparecían contratadas era un pequeño locutorio de Inca. Tras varias gestiones, los agentes determinaron que en dicha empresa solo trabajaba el trabajador autónomo y su hijo de 17 años.
Los agentes de la Ucrif y la Inspección de Trabajo determinaron que se trataba de una empresa ficticia que realizaban una serie de contratos falsos. Su única finalidad era regularizar la situación administrativa de estas personas y percibir ayudas sociales.
El montante defraudado a la Seguridad Social se estima que podría ascender a más de 21.500 euros. Los falsos trabajadores podrían haber solicitado prestaciones de más de 22.000 euros en prestaciones por desempleo. Los falsos trabajadores debían pagar al empresario entre 500 y 1.000 euros por cada contrato ficticio.
