Con una mezcla de dolor, indignación y rabia, los familiares de Álex Ribas, el bombero que falleció el pasado agosto durante la extinción de un incendio en Palma, presentaron ayer una reclamación para que Cort les indemnice con 120.000 euros. Consideran que al Ayuntamiento es responsable de las "negligencias" en materia de seguridad que se produjeron en aquel servicio y que, a su entender, propiciaron que Ribas muriera intoxicado por el humo. "El dinero nos da igual. Queremos que reconozcan, asuman y subsanen los errores para que no vuelva a pasar", sentenciaron. Además, criticaron con dureza que diez meses después del siniestro no exista un informe oficial sobre lo ocurrido: "Es incomprensible. Los mandos [del cuerpo de bomberos] y los políticos saben qué fallo, pero nadie quiere dar la cara y asumirlo", explicó Óscar Ribas, hermano de la víctima y también bombero de profesión.
La reclamación se apoya en los fallos y carencias, detectados por los compañeros de Ribas y de los que DIARIO de MALLORCA informó el pasado mes de enero, que se produjeron durante la extinción del fuego declarado en la tarde del 6 de agosto de 2010 en un bar de la calle Andreu Feliu. Ribas hizo referencia al hecho de que solo acudieran nueve bomberos al servicio, uno menos de lo que establece el protocolo. "Si falla uno, falla la coordinación. Si se hubiera trabajado bien, Álex hubiera salido con vida", explicó junto a la viuda, Soledad Rebollar, y sus abogados, Francesc Segura y Miquel Àngel Mas.
Botellas y comunicadores
Ribas También hizo referencia a que los bomberos no contaban con suficientes equipos de respiración autónoma (ERA): "Había siete para los nueve bomberos. No había botellas de repuesto y los efectivos sanitarios tuvieron que prestarles las suyas. Hubo bomberos que no pudieron volver a entrar al incendio", denunció.
La tercera deficiencia que la familia ha incluido en la reclamación alude a los equipos de intercomunicación. "Mi hermano me había contado meses atrás que su emisora no funcionaba y ese día entró sin ella. Es un dispositivo básico para un bombero", explicó. Álex y uno de sus compañeros llegaron al incendio sin comunicador hemicraneal, indispensable para poder hablar con el resto de efectivos con la máscara de respiración puesta. En su reclamación, la familia incide en el hecho de que en aquel momento había nuevos equipos de comunicación con tecnología digital en un almacén del parque de Son Malferit.
Los allegados al bombero fallecido apuntan que la Administración, en este caso el ayuntamiento de Palma, es responsable de este cúmulo de "negligencias" y debe responder por haber tenido un "funcionamiento deficiente". "Esto no es nuevo. Los bomberos llevan años reclamando que se les escuche en materia de formación y seguridad", aseveró Ribas, miembro del cuerpo de bomberos del Consell de Mallorca.
La familia criticó con dureza que todavía no se haya concluido el informe sobre lo ocurrido. "Es incomprensible que diez meses después no haya una explicación oficial", dijo el hermano de la víctima. "Es indignante, una falta de ética, de moral y de responsabilidad. Si no hay un informe no se conocen los errores y no se pueden subsanar. Necesitamos saber qué ocurrió", afirmó. "He hablado con los mandos y los políticos. Yo sé lo que falló y ellos también. Extraoficialmente se echan las manos a la cabeza por lo que pasó y no tienen problema en reconocer los errores. Pero nadie quiere dar la cara y asumirlo", sentenció.
Indemnización "secundaria"
Tanto la viuda de Álex Ribas como su hermano y los dos letrados incidieron en que la indemnización económica es "secundaria". Pese a que no quisieron hacer pública la cifra, este diario pudo averiguar que ronda los 120.000 euros, cantidad estipulada por ley y que debe acompañar a cualquier reclamación por responsabilidad patrimonial. "Nos da igual el dinero, lo que necesitamos es saber qué ocurrió", explicaron.
La viuda de Álex Ribas, apuntó emocionada que "hoy por hoy, los bomberos siguen trabajando en peligro". "Lo que más nos duele es que para solucionar los errores es necesario reconocerlos, y eso no se ha hecho. Mi hijo tendrá que saber qué le pasó a su padre y yo se lo contaré. Solo espero que haya menos hijos y menos familias que pasen por esto", aseguró entre lágrimas.
Con la causa penal archivada por el juzgado de instrucción al no hallar indicios de criminalidad, los abogados apuntaron que esta reclamación es "un buen camino" para conseguir que se reconozcan los fallos y carencias que denuncian. Cort tiene ahora un plazo de seis meses para aceptar la reclamación. Los letrados de la familia de Ribas confirmaron ayer que iniciarán un procedimiento contencioso-administrativo si el Ayuntamiento no acepta sus pretensiones, aunque esperan que "no condenen a la familia a tener que ir a los tribunales".
