El Ayuntamiento de Valencia comenzó ayer los derribos en el barrio del Cabanyal, el mismo día en que entraba en vigor la ley autonómica que avala el plan municipal de reforma del barrio, pese a la orden ministerial que lo prohíbe por su riesgo de expolio y a la intensa protesta vecinal encontrada.
Las palas excavadoras demolieron, desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, los cinco inmuebles sobre los que el Ayuntamiento tenía desde enero licencia de derribo para llevar a cabo su plan, que contempla también la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez. Desde la temprana llegada de palas excavadoras y dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local a la zona, la movilización vecinal fue en aumento hasta desembocar en los momentos más tensos de la jornada, con el desalojo forzoso de políticos y vecinos que pretendían impedir un actuación, según la diputada de Compromís Mònica Oltra, de "terrorismo de ladrillo".
Los policías desalojaron, en algunos casos a rastras y en volandas, a diputados autonómicos como Mònica Oltra (Compromís) y Marga Sanz y Lluís Torró (EU), a concejales como Vicente González Móstoles (PSPV) y a vecinos de todas las edades que se habían atrincherado en la casa del número 15 de Vidal de Canelles. Sanz presentó una denuncia contra la Policía Local por las lesiones sufridas durante el desalojo.
Las cinco casas derribadas, de planta baja o de dos alturas como máximo, se encontraban fuera de la zona declarada como Bien de Interés Cultural (BIC), según el Ayuntamiento, aunque para la oposición estaban protegidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, se enfrentó verbalmente al portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, Faustino Villora. "Mentiroso", "corrupto" y "ladrón" son algunos de los calificativos que los vecinos lanzaron a Grau mientras éste le decía a Villora que "se dejaran de tonterías" después de que el representante de Salvem el Cabanyal le dijo que se abrazaban a la casa "para que no la destruyeran".
La Abogacía del Estado y Salvem el Cabanyal presentaron durante la mañana sendas solicitudes ante los juzgados para la paralización cautelarísima de los derribos.
