Ports IB ha decidido plantear al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que aclare algunos aspectos que permita ejecutar de forma correcta la sentencia que deja sin efecto la concesión del Port d'Andratx.
El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears acordó ayer solicitar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma que plantee ante al TSJIB un incidente de ejecución de la sentencia 671/2017 del Tribunal Supremo sobre la concesión de las instalaciones portuarias de gestión indirecta del Port d'Andratx.
El objetivo de esta iniciativa que permite la ley es "dar las máximas garantías de seguridad jurídica a la decisión que finalmente se adopte en la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la concesión del Port d'Andratx", señaló en un comunicado la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad del Govern.
La sentencia del Tribunal Supremo deja sin efecto todos los actos administrativos que desembocaron en el otorgamiento de la concesión al Club de Vela Port d'Andratx. La misma anula desde la resolución de la licitación de la concesión convocada en 2002 hasta la nueva adjudicación de la concesión al Club de Vela Port d'Andratx en 2006.
La sentencia además obliga a Ports a reconocer el derecho de la empresa Iniciatives Portuàries Mirall de Mar de Mallorca, SL (IP3M) a ser adjudicataria de la licitación no resuelta, en los términos establecidos en el concurso convocado.
Según explicó la nota, ya se ha dado cumplimiento a una primera parte de esta sentencia, una vez que el 8 de junio de 2017 se declaró la extinción de la concesión administrativa otorgada al Club de Vela del Port d'Andratx y actualmente se ha acordado que, transitoriamente, hasta la resolución definitiva de la situación actual, el club tiene la concesión en precario. El acuerdo tomado ayer por el Consejo de Administración de Ports se ampara en informes de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y en los informes técnicos, económicos y jurídicos de los departamentos propios de la entidad, incidió.
