El Ayuntamiento de Alaró ha difundido en las redes sociales un comunicado explicando por qué aplica con rigurosidad el horario de cierre y la actividad musical de los establecimientos de ocio tras el escrache protagonizado el pasado viernes por medio centenar de jóvenes ante el domicilio del alcalde, Guillem Balboa.

El Consistorio recuerda que, desde el pasado mes de mayo, existe una denuncia contra la administración municipal por parte de la Policía Local. El motivo es que se le acusa de no tramitar las denuncias contra los bares por dedicarse a la actividad musical sin tener licencia, así como por otras infracciones.

Guillem Balboa afirma que no se produjo un segundo escrache en el domicilio del alcalde la noche del pasado sábado, contrariamente a lo que se publica hoy por error en la edición de papel de Diario de Mallorca.

Actualmente, la causa sigue abierta en el juzgado de instrucción número uno de Inca que, el mes pasado, requirió al Ayuntamiento información sobre la situación administrativa de los locales de ocio de Alaró. Esta situación, remarca el Consistorio, hace que la administración tenga que ser "especialmente rigurosa" a la hora de hacer cumplir la ley y las ordenanzas municipales.

"Ésta es la recomendación que hemos recibido de abogados y de la propia conselleria de Interior, y así lo hemos comunicado en las diferentes reuniones y comunicaciones que hemos tenido con los propietarios de los establecimientos de ocio", argumentan en el Consistorio.

De la misma manera, se informó a los dueños de locales de que la Ley de instalación, acceso y ejercicio de actividades establecía un procedimiento para poder tramitar actividades puntuales no permanentes, al tiempo que se pusieron a su disposición para resolver sus dudas.

En suma, concluye el Ayuntamieto, han intentado "desde el diálogo y esperando la colaboración del sector hacer compatibles los diferentes intereses que conviven en el espacio público", dando incluso un periodo de ocho meses para que los locales pudiesen realizar las adaptaciones necesarias. "Transcurrido con creces este plazo y a la vista de los últimos acontecimientos judiciales, la única opción posible es aplicar el criterio que marca la normativa autonómica y municipal", sostiene el Ayuntamiento.