Alaró

Un estudio estima que la reforma del edificio Fantasio costará unos 700.000 euros

Los afectados por la sentencia de demolición se sienten engañados El concejal de Urbanismo sostiene que "la solución técnica es complicada"

01.12.2015 | 02:45
Imagen del edificio que invade parte de un vial público.

La clave

  • Obligado cumplimiento

    El elevado coste de restituir la legalidad no es causa de anulación
    La juez estima que, probada la invasión del espacio público, no es causa de imposibilidad legal o material que restituirlo sea muy costoso o técnicamente complicado.

Guillem Balboa, concejal de Urbanismo de Alaró, se ha reunido con los vecinos afectados por la sentencia de derribo parcial del edificio Fantasio. "La sensación que tienen es de engaño. Sienten impotencia ante una situación en la que ven peligrar sus hogares sin ser responsables para nada de una gestión nefasta del anterior equipo de gobierno".

Balboa manifiesta que ante la firmeza de la orden de demolición se han efectuado algunos cálculos iniciales de posibles costes. "La solución para resolver el problema es complicada y nuestra técnica municipal ha hecho ya algunos números". Según explica el edil, el coste supondría una cantidad superior a los 700.000 euros.

"Es sin duda una patata caliente que nos ha dejado el anterior equipo de gobierno, que además comprometerá mucho la gestión municipal porque supone casi una cuarta parte del presupuesto anual del consistorio".

El derribo de la parte del edificio del antiguo cine Fantasio que invade el vial público en conjunción de las calles Pere Rosselló i Oliver y Son Amengual deberá afrontarse tras un nuevo auto judicial, fechado el pasado 19 de noviembre, en el que se vuelve a ordenar la ejecución de un auto anterior, fechado en marzo de 2014, que exigía la demolición inmediata del citado edificio. La resolución judicial desestima la petición del ayuntamiento de Alaró de dejar sin efecto la sentencia por "imposibilidad legal y/o material" de cumplirla.

Además, la responsable del juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma que ha emitido el auto impone las costas del incidente al Consistorio.

El auto judicial considera de "obligado cumplimiento" la resolución anterior porque "no es posible dejar de ejecutar una sentencia firme que ha declarado y resuelto que la edificación invade un vial público". Y añade: "Sea mucho o poco lo que causa la anulación de la licencia, es preciso que lo ilegal sea repuesto y devuelto a la legalidad del planeamiento infringido". Según el juzgado, "habrá que buscar una solución técnica constructiva más ajustada que adecúe la realidad infringida y asegure la estabilidad del edificio" y añade que esta dificultad técnica "no es causa de inejecución de la sentencia".

El auto añade que el fallo "no puede ser más claro" y por este motivo no aporta nuevos argumentos en apoyo de los "acertados razonamientos" expuestos por el TSJB con anterioridad.

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