El proceso de revisión del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Calvià, aprobado ayer en el pleno por el Ayuntamiento con los votos a favor de PSOE, Sí Se Puede, Esquerra Oberta y un regidor de Ciudadanos, tendrá un coste estimado para las arcas municipales de 500.000 euros al año. La previsión del equipo de gobierno (PSOE y SSPC) es que esta revisión esté acabada a final de legislatura, lo que da un total de dos millones de euros.

Ante las objeciones expresadas por la oposición popular, que inquirió también por los criterios que se seguirán para contratar a los asesores externos, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal (PSOE) aseguró que se trata de "mucho dinero", pero subrayó: "[Con este PGOU] nos jugamos el futuro de Calvià. Queremos prever el crecimiento que tendrá el municipio los próximos años y dejar un Calvià mejor para las próximas generaciones".

El teniente de alcalde de Urbanismo, Antoni García Moles (PSOE), destacó, por su parte, que "por primera vez" en una revisión del PGOU "se contará con la opinión ciudadana". En este sentido, el Ayuntamiento informó de que se creará un portal informático así como una oficina de atención urbanística para recoger todas las consideraciones de los vecinos.

Reuniones públicas

Además, se convocarán reuniones públicas en cada núcleo de población, para debatir este proceso de modificación. En este punto, el edil de Ciudadanos Carlos Tarancón intervino para remarcar que, si esa opinión de los residentes no es vinculante, no tiene sentido hablar de participación. En relación con el PGOU, en el pleno celebrado ayer, también se aprobó frenar una serie de modificaciones urbanísticas iniciadas en la pasada legislatura por el PP, que, en la práctica, paralizarán futuros planes de centros comerciales, pisos tutelados y un parque temático en diversas zonas estratégicas del municipio, como la entrada de Santa Ponça, Ses Planes, Son Caliu o Costa d´en Blanes.

Modificaciones puntuales

El alcalde aseguró que esas modificaciones -que, según dijo, en época popular supusieron el cambio de calificación urbanística de dos millones de metros cuadrados- eran un ejemplo de "urbanismo a la carta" y de "moverse sólo por intereses privados y no generales".

Respecto a la posible suspensión de licencias, Esquerra Oberta, grupo político que apoyó la investidura del alcalde pero no integra el equipo de gobierno, señaló que no era una medida a descartar. "Y, si se tienen que pagar indemnizaciones, no nos tiene que dar miedo", manifestó el regidor Rafel Sedano. Un criterio que no compartió García Moles.