El Pi de Santanyí, con los regidores José Roig y Cristina Coll, expresó ayer su temor por el "desastre económico" que puede representar para las arcas municipales el caso de las expropiaciones de dos parcelas propiedad de las hermanas Barceló Nigorra. El terreno en conflicto se sitúa en las inmediaciones del instituto, salida hacia Cala Figuera. De hecho, la circunvalación del pueblo de Santanyí no ha podido completarse aún por este caso que enfrenta al consistorio con las hermanas Barceló Nigorra. El alcalde, Llorenç Galmés (PP), admitió que este es un tema "preocupante", si bien se mostró confiado en que las arcas no se vean excesivamente perjudicadas. Anunció públicamente una posible ocupación inmediata y construcción de un gran aparcamiento de vehículos.

Roig, número uno de la formación regionalista, reprochó que "no se ha informado como debiera de la cantidad monstruosa que puede verse obligado a pagar el Ayuntamiento", lo que podría "marcar la vida de los ciudadanos de este municipio". En esta línea, también manifestó su inquietud ante la posibilidad de que en el futuro se incremente la presión fiscal. Y lanzó al aire la pregunta de si alguien, político, asesor o técnico, debería asumir responsabilidades.

Por su parte, Galmés defendió los pasos realizados por el Ayuntamiento y garantizó que en 2016 no subirá la presión fiscal. Recordó que el caso se remonta a 1984, cuando la aprobación de las normas urbanísticas previeron las parcelas de las hermanas (unos 12.000 m2) como un mercado cubierto y vía de cintura. Galmés reveló que las hermanas pidieron en su momento hasta "18 millones de euros". Una valoración encargada por el Ayuntamiento valoró los terrenos a expropiar en 1,1 millones, que es lo que ahora se paga. Al rechazarse la previsión de un mercado cubierto, la parcela reservada a ello sería urbanizable, con lo que el consistorio podría recaudar una considerable cantidad.

Los técnicos municipales creen que no han de abonarse los intereses demandados por las dueñas. El Pi lamenta que el Ayuntamiento "esté obligado a pagar más de 4 millones" (justiprecio) y teme que una próxima resolución pueda aumentar tan elevada cifra.