La conselleria de Turismo del Govern ha dado de baja temporal en el registro autónomico de establecimientos al hotel Mar i Pins de Peguera, un pionero del turismo en el municipio que saltó a los medios de comunicación en 2013 por su vinculación con una trama a la que se acusaba de blanquear dinero en la isla procedente de la mafia rusa Taganskaya, mediante operaciones inmobiliarias como la de la compra de este inmueble.
La conocida como Operación Dirieba, dirigida por la Guardia Civil, estalló en Palma y Calvià a finales del año 2013, y se saldó con la detención de una decena de personas, entre ellas el ciudadano ruso Alexander Ivanovich Romanov, quien, junto con su mujer, aparecían relacionados con la propiedad del Mar i Pins.
El entramado empresarial de origen ruso adquirió el establecimiento en 2010 a la familia mallorquina que lo había gestionado desde su apertura. A partir de ese momento, hizo una serie de reformas, incluyendo una demolición parcial tras un acuerdo con Demarcación de Costas en Balears. Hasta la intervención policial, el hotel nunca llegó a abrir sus puertas, salvo alguna fiesta privada puntual celebrada en su interior, según aseguraron en su día vecinos de la zona.
En septiembre de 2014, la Conselleria ya inició de oficio el expediente de baja temporal, después de que el año anterior los técnicos del servicio de inspección de turismo constataron que el alojamiento estaba cerrado y que "la titularidad presentaría una solicitud de baja temporal", según consta en una resolución oficial publicada la semana pasada en el Boletín de la Comunidad (BOIB).
Transcurrido el plazo normativo sin que nadie haya presentado alegaciones, la decisión ya es firme. El hotel podrá estar de baja provisional durante un periodo máximo de tres años. La ley dicta que, si la propiedad no comunica su intención de reabrir el establecimiento antes de que acabe ese plazo de tres años, se le dará de baja de forma definitiva.
En el caso de que los titulares del hotel quisiesen ponerlo antes en funciomiento deberían presentar un plan de modernización. El mes pasado, la titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma concluyó la instrucción del caso y, en un auto, propuso juzgar a Romanov junto a otras 12 personas por delitos de blanqueo de capitales, revelación de secretos y contra los derechos laborales.
