Los tres grupos de la oposición en el ayuntamiento de Inca, PSOE, Independents y Més per Inca, entregaron ayer un documento durante el transcurso de la comisión conjunta de Hacienda y Urbanismo celebrada ayer mediante el que hacen constar que la adjudicación del servicio de suministro de agua potable "es lesiva" para los intereses del Ayuntamiento y que denunciarán el contrato firmado con la empresa concesionaria si acceden al poder después de las elecciones municipales del año 2015.

Asimismo, los portavoces de las citadas formaciones quisieron "dejar de manifiesto" la posible denuncia del contrato para que, "a efectos legales", sea comunicada a la empresa adjudicataria y adviertieron a todos los regidores que voten a favor de la privatización del agua que procederán a reclamarles "directa y personalmente" la responsabilidad civil y patrimonial que corresponda.

Tal y como ya informó este diario ayer, la comisión celebrada en la sala de plenos del Consistorio presentó el dictamen municipal que avala la adjudicación del servicio de agua a la entidad Gestió d´Aigües d´Inca SLU, vinculada a la multinacional Sorea. La intención del equipo de gobierno del PP, único partido a favor de la privatización del agua, es aprobar la adjudicación en un pleno extraordinario convocado el martes.

Voto particular

En este sentido, los ediles de la oposición realizaron un voto particular contemplado en el artículo 86 de la Ley 20/2006 de Régimen Local de Balears. La propuesta presentada por los ediles insta al Ayuntamiento de Inca a "renunciar a la contratación" del servicio de agua "antes de la adjudicación" y pagar mil euros por los gastos ocasionados a los licitadores, una posibilidad prevista en la Ley.

Hasta la fecha, el equipo de gobierno popular ha hecho caso omiso a los numerosos requerimientos de la oposición para paralizar el proceso de privatización del agua potable. El objetivo del equipo que preside el alcalde Rafel Torres es el de conceder la explotación del servicio cuanto antes para obtener liquidez e invertir el dinero en la reforma del Teatre Principal de Inca, proyecto que desde el primer momento ha vinculado a la privatización.