Una pregunta de la portavoz de Esquerra, Carme Comas, durante el último pleno de Alaró permitió saber a los ediles de la oposición que el Consistorio decidió hace unos meses presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para evitar que se ejecute la sentencia que condenó al municipio a regenerar el antiguo vertedero del Puig, situado junto al albergue municipal de S´Olivaret. La afirmación del alcalde, Joan Simonet (PP), sorprendió al resto de formaciones, que tras el pleno aseguraron que nadie les había comunicado ni consultado la decisión. Cabe recordar que los primeros presupuestos que manejó el equipo de gobierno cifraban el coste de la operación de limpieza del vertedero en 12 millones de euros, una cuantía que, según confesó el alcalde, hacía totalmente inviable la ejecución del proyecto.

Simonet confirma ahora que, efectivamente, se presentó el recurso para evitar la ejecución inmediata de la sentencia. Según el alcalde: "El tribunal nos obligaba a regenerar, pero también nos ordenaba que pagáramos de forma inmediata una indemnización de 26.000 euros al demandante, Fermín Quiñones (fallecido en 2010), y como no estamos de acuerdo en tener que pagar esta cantidad, por eso hemos recurrido". El edil asegura que antes del recurso se puso en contacto con ellos el abogado de Quiñones para interesarse por el pago de la indemnización. Además, reconoce que en estos meses ha coincidido que se ha abierto un expediente por infracción urbanística en una propiedad de la familia del denunciante, pero añade que "no tiene nada que ver una cosa con la otra".

El auto del TSJB que requería al Consistorio para que ejecutara la sentencia se dictó en 2010. En el texto se daban 30 días para presentar un proyecto de retirada de los 12.000 metros cúbicos de material contaminante que se acumulaban en el vertedero.