Si los colegios públicos van unidos a la imagen de ascensor social que permite trabajar por igual a todo el alumnado para escalar posiciones, se podría decir que el centro educativo Sant Bartomeu de Alaró tiene desde hace años un problema ´de imagen´, además de otro, más grave, de funcionamiento. Y es que desde 2007 el ascensor -plataforma para minusválidos- está fuera de servicio y, a pesar de las reiteradas reclamaciones de la dirección, lo que observan los alumnos de forma habitual es a maestros subiendo alumnos en brazos hasta las aulas mientras, junto a la escalera, sigue cerrada una misteriosa puerta metálica que no lleva a ninguna parte.

Todo el problema, como siempre, se explica por una cuestión económica y de competencias: el ayuntamiento de Alaró no paga porque entiende que no se trata de mantenimiento sino de una nueva obra, y el Govern desoye las peticiones que al inicio de cada curso le realiza el director, y con su silencio da a entender que debe costearlo el Consistorio.

Nada nuevo en el día a día de todos los colegios públicos, que son los que padecen las carencias y, además, deben asistir a las luchas entre administraciones. Jordi Escudero, director del centro, explica que la última carta dirigida al director general de Planificación Educativa en la que vuelve a reclamar el ascensor es del pasado 4 de octubre: "A ver si éste, que es nuevo, nos escucha".

Escudero dice que, en su opinión, la responsabilidad es de la Conselleria, porque se trata de renovar completamente el elevador, que ha quedado desfasado después de tantos años parado. También destaca que el Ayuntamiento se ha preocupado del tema y el edil de servicios municipales, Juan Lozano, ha encargado un informe a una empresa de ascensores.

Pero más allá de gestos y buenas intenciones, cuando se trata de pagar nadie responde, "y no se trata de criticar este Ayuntamiento o este Govern, porque no lo han arreglado ni los de ahora ni los de antes", subraya el director.

Fuera de normativa

El ascensor del colegio público Sant Bartomeu se instaló hace una década debido a la necesidad puntual de un alumno discapacitado. Todo fue bien hasta que hubo una avería y el aparato quedó inutilizado. Cuando se necesitó nuevamente y lo revisó un técnico dejó claro que estaba fuera de normativa y se debía renovar totalmente. Escudero explica que el tema se reactivó, primero porque el centro entró en un proceso de acreditación para lograr un sello de calidad -lo que supuso revisar todos los mantenimientos-, y, en segundo lugar, por las propias demandas de alumnado y padres.

"Tenemos una alumna con parálisis cerebral que, aunque no esté impedida, facilitaría mucho nuestro trabajo contar con el ascensor, ya que lo tenemos, y después nos encontramos cada curso con gente que de forma puntual asiste a clase con muletas o en silla de ruedas y tenemos que subirlas y bajarlas en brazos".

Además, el inconveniente de tener baños adaptados sólo en la planta baja obliga al equipo directivo a estar cada curso pendiente de si hay algún nuevo alumno con discapacidad: "Si se diera el caso sabemos que su aula no puede estar arriba, y esto nos pasa tanto en el edificio de primaria como en el de infantil", concluye el director del centro.