El castillo de Alaró es un monumento a la resistencia y a la paciencia desde hace siglos y las crónicas históricas dan buena cuenta de episodios de largas esperas para asediar o defender la fortaleza. Pero aquel escenario de murallas y torres de defensa inexpugnables queda muy lejos de su imagen actual. El visitante se encuentra hoy con un conjunto arquitectónico en un lamentable estado de conservación.

Lo que no ha cambiado con el paso de los siglos es el carácter inaccesible del lugar. Aunque si tiempo atrás eran los invasores los que se topaban con problemas para acceder, hoy en día quien no encuentra la puerta son los inversores, es decir, las instituciones como el Consell, el Govern y el Gobierno central, responsables de velar por su buen estado. Y eso que ahora se recibe a las visitas con muchos mejores modos que antes.

Más de un millón de euros están concedidos verbalmente desde hace años, pero el dinero no llega a su destino a causa de permisos, prórrogas, problemas administrativos o simples incumplimientos institucionales. Y, mientras tanto, el goteo de informes técnicos sigue acumulándose con el mismo diagnóstico: la intervención es urgente para evitar desplomes y roturas de muros. Una cuestión que acarrearía graves consecuencias a nivel patrimonial –el conjunto fue declarado monumento histórico artístico hace 80 años–, pero también en materia de seguridad, puesto que buena parte de la muralla se sostiene justo encima del único camino de acceso a la cima de la montaña.

El presidente de la Fundació Castell –entidad en la que participan el Ayuntamiento, el Obispado y el Consell–, Mateu Marcús, se muestra desilusionado con la situación actual, tanto por el mal estado del recinto amurallado como por la pasividad política. "Aquí nos han engañado todos", afirma, apuntando principalmente a dirigentes de PP y PSOE, pero sin ocultar cierto gesto de desencanto con alguno de los suyos –es portavoz municipal del PSM–. Marcús destaca el trabajo conjunto que estos años ha realizado con el senador autonómico Pere Sampol. Pero, a partir de ahí, asegura que sólo han encontrado problemas.

Entre los deudores, subraya el compromiso que contrajo el Ministerio de Cultura dos años atrás de aportar un millón en cuatro anualidades. Con estas ayudas estaba previsto ejecutar buena parte del Plan de Castillos elaborado por el Consell en 1997, con acciones en todos los muros, torres y aljibes ubicados en la montaña.

Marcús y Sampol presentaron la aportación de Madrid por todo lo alto, pero pocos meses después la euforia quedó rebajada en unos 800.000 euros. Lo único seguro eran los primeros 200.000, el resto quedaba difuminado entre buenas intenciones y cuestiones de disponibilidad presupuestaria.

Lo curioso del caso es que los 200.000 euros de la primera fase, que el Ministerio abonó en junio de 2010 al Consell de Mallorca, siguen en la caja de la entidad insular. El presidente de la Fundació reconoce que su mayor temor es que finalmente Madrid exija la devolución al haberse excedido los plazos de ejecución. Durante estos 18 meses se han conseguido todos los permisos para comenzar la primera parte del proyecto, al mismo tiempo que solicitaban prórrogas al Ministerio a la espera que el dinero llegara de Palma.

Estos retrasos obligaron a la Fundació Castell a mover pieza a comienzos de 2011, solicitando un proyecto de rehabilitación de los antiguos aljibes y presentándolo a la empresa pública del Govern Abaqua, que debía financiar 200.000 euros en base al 1% cultural. A día de hoy, el proyecto también sigue dormido.

Y para completar la lista de agravios, la Conselleria de Vivienda sigue debiendo 80.000 euros de la reforma de la hospedería, y el Consell, 80.000 más del mobiliario y la cocina.