Joaquín Ozonas, el arquitecto que trabaja como asesor urbanístico en el Ayuntamiento de Sóller y como técnico municipal en el de Fornalutx, podrá continuar con las respectivas ocupaciones profesionales en ambos consistorios.
Aunque la sentencia dictada la semana pasada en el marco de una pieza separada del caso Andratx estipula que no podrá ejercer en su despacho profesional, no se le prohíbe continuar sus tareas en ninguna de las administraciones públicas para las que trabaja a día de hoy.
Así lo aseguraron ayer fuentes del Ayuntamiento de Sóller, quienes confirmaron que el veredicto de la Audiencia Provincial de Palma no afectará su relación profesional con la corporación sollerica.
Ozonas trabaja desde hace unas semanas para el Ayuntamiento de Sóller ocupándose, entre otras cosas, de informar técnicamente las licencias exprés de obra menor.
Acuerdo con el fiscal
La Audiencia Provincial condenó la semana pasada al actual asesor urbanístico del Ayuntamiento de Sóller a una multa de 3.600 euros, además de a la inhabilitación profesional durante un año y al coste de demolición de un chalé por haber emitido un informe técnico falso.
La resolución judicial ponía punto y final a una pieza separada del caso Andratx mediante la que se procesaron diversos políticos y técnicos de este municipio por supuestas irregularidades administrativas y urbanísticas.
Joaquín Ozonas, junto con los otros procesados, se declaró culpable a través de un acuerdo con el fiscal.
El arquitecto reconoció ante el Ministerio Público que dirigió la construcción ilegal de un chalé mientras que otro procesado admitió la emisión en abril de 2005 de un informe en el que hacía constar que las obras se habían ejecutado de acuerdo con las licencias otorgadas, a sabiendas de que eso no era cierto.
El técnico simuló que existía previamente en aquella parcela una antigua vivienda para dar apariencia de legalidad a la construcción del chalé en aquel terreno.
