El ayuntamiento de Manacor ya prepara su nueva estrategia alternativa si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB) no rectifica su sentencia, y decide demoler el puente del Riuet de Porto Cristo. Los servicios jurídicos municipales demandarán a los cuatro vecinos más afectados por la obra, para recuperar no sólo el importe de la última indemnización, sino la ya firme desde hace meses y que condena al Ayuntamiento por la depreciación que el puente causó en las viviendas más aledañas, por un valor de 398.000 euros, y que los demandantes en principio cobrarán se tire o no la infraestructura.
El consistorio que dirige Antoni Pastor quiere tener las espaldas cubiertas y pagar sólo si el puente es salvado. Según una primera sentencia derivada de la demanda efectuada en 2003 por cuatro vecinos de la finca Cap des Toi, (separada de la que después efectuarían once vecinos de la propia finca y otras viviendas cercanas al puente), se prevé que el Ayuntamiento pague en las próximas semanas 170.000 y 180.000 euros respectivamente a los dos mayores perjudicados, Jaume Vives y Mateu Sitges, más 33.000 y 15.000 a los dos restantes.
Una vez desembolsado el dinero, automáticamente el Ayuntamiento les demandaría judicialmente para el reembolso del dinero, al considerar "que el daño visual y la devaluación de los apartamentos ya no sería tal".
Por lo que respecta al convenio trasladado ayer a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJB, se confirma que el Consistorio pagará a los seis ya ex demandantes un total de 473.000 euros si la Justicia cambia al final de opinión y decide que el puente del Riuet siga en pie. El dinero se repartirá de la siguiente manera: Vives, portavoz de la plataforma de perjudicados, cobraría 220.000 euros, Sitges 237.000 y los otros cuatro restantes a razón de 4.000 euros cada uno. El acuerdo consta de seis avales bancarios.
Un vecino renuncia a 4.000 €
El dato curioso ha sido protagonizado por el séptimo de los afectados, que a última hora ha decidido renunciar a otros 4.000 euros, por razones personales y de principios. Cabe recordar que al inicio del pleito eran once las personas que figuraban como demandantes, que después se redujeron a siete.
La letrada defensora de los miembros de la plataforma vecinal explicó ayer que tras la presentación del acuerdo ante el TSJB, "ahora pueden ocurrir tres cosas: que el tribunal diga que no acepta el convenio, que no es el momento oportuno y se debe derribar el puente; que en vista de que los afectados se ven recompensados archiva el incidente y se homologa el convenio; y la tercera opción, es que la Sala se pronuncie sobre el incidente y compruebe la imposibilidad legal de ejecutar la demolición y homologue también el convenio de salvación".
Se desea que en un plazo máximo de quince días haya un nuevo pronunciamiento judicial y se despejen todas las incógnitas al respecto.
