Los servicios jurídicos del ayuntamiento de Manacor quieren cerrar hoy y "de una vez por todas", las negociaciones que desde hace semanas mantienen con los vecinos afectados por la construcción del puente elevado del Riuet de Porto Cristo.
"Esperamos que entre hoy por la noche y mañana (por hoy), el tema esté resuelto". Hay que recordar que el convenio que está a punto de firmarse, contempla que los demandantes retirarán la denuncia judicial que obliga a tirar la obra, a cambio de percibir hasta medio millón de euros, a repartir entre los nueve afectados según su nivel de afectación.
Lo que sí que ya está claro es que en el acuerdo no se va a incluir la compra por parte del Consistorio, de ninguno de los dos pisos directamente perjudicados por el alzado del puente entre 2003 y 2004, lo que hace que se estén ultimando ahora nuevas alternativas económicas en cuanto a plazos.
Hay que remarcar que si finalmente la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), decide ejecutar la sentencia firme ya dictada en marzo de 2010, y que obliga a eliminar el puente, dicho convenio con los vecinos quedaría sin efecto.
Del mismo modo también hay que advertir que dentro del posible acuerdo de 500.000 euros planteado, se incluyen las indemnizaciones económicas a las que en su día ya fue condenado el ayuntamiento de Manacor por daños y perjuicios en la devaluación de los pisos de la finca Cap des Toi y que en total ascienden a más de 360.000 euros más intereses, cifra no negociable y que sí cobrarán los afectados pase lo que pase.
Paralización "acertada"
El pasado viernes tarde el TSJB comunicó por escrito tanto a las empresas encargadas de la demolición y el desvío de los servicios, como al Ayuntamiento, que el cumplimiento de la sentencia queda de momento en suspensión hasta nueva orden. Desde la Sala se ve como "una decisión acertada y de sentido común".
LA CLAVE: SUSPENSIÓN SIN INFORMACIÓN
El Consistorio dice desconocer el motivo ni cuándo se desbloqueará
Según los técnicos municipales, la última orden del TSJB pidiendo la paralización de las obras de derrumbe hasta nueva orden, "ni especifica por qué ni sabemos hasta cuándo".
