El ayuntamiento de Manacor ha descubierto con casi 30 años de retraso que el actual Palau de Justícia nunca ha sido del ministerio de Justicia, y que siempre ha pertenecido a la corporación que, de quererlo, podría ocuparlo de manera inmediata y dedicarlo a dependencias municipales o salas culturales.

En 1982 el pleno consistorial acordó ceder indefinidamente el edificio anexo al histórico convento de Sant Vicenç Ferrer, ocupando una manzana entera entre la plaza Font i Roig y la calle Muntaner, al Gobierno para que en él se instalaran buena parte de los actuales juzgados con que cuenta Manacor como cabeza de partido.

Aunque nadie se diera cuenta en aquellos momentos, ni el secretario de la Sala ni Patrimonio del Estado (que fue quien después revirtió el inmueble al Ministerio), firmaron documento alguno ni dándolo ni registrándolo a su nombre, por lo que a nivel teórico el espacio que ahora reclama de nuevo el Ayuntamiento nunca han dejado de ser suyo.

Así pues, de la misma manera, el aparcamiento exterior situado en uno de los laterales que da al Palau de Justícia es también todavía de propiedad municipal y pública, aunque el Ministerio decidiera vallarlo hace un año y medio tras el atentado de ETA en Calvià, y sólo dejara entrar en el a los jueces y secretarios "para mayor seguridad".

"De esta forma al menos nos ahorraremos todo el papeleo y el coste de las escrituras y los trámites de reversión", concluye el regidor de Urbanismo local, Bernat Amer, quien descarta desalojar el edificio hasta que no esté construido el nuevo complejo judicial en el solar de la calle Pilar, junto a la Ronda de Felanitx de Manacor. "Realmente nos quedamos sorprendidos al comprobar que no existía documento alguno que certifique que los juzgados puedan ser utilizados por Madrid".

En 5 años habrá nuevos juzgados

Asimismo y en relación con este tema, el Consistorio aprobará este lunes que la cesión pública al Estado de los terrenos edificables, sea el punto de inicio de la cuenta atrás para que el nuevo palacio judicial sea una realidad en un máximo de cinco años.

"El Ministerio quería que el tiempo empezara a contar desde que Patrimonio del Estado le cediera a ellos el solar, lo que hacía que los trámites legales pudieran alargarse casi indefinidamente", explica Amer. "De esta forma, una vez entregados a Patrimonio, los días cuentan a nuestro favor, y si los juzgados no están listos en cinco años, los terrenos serán devueltos al ayuntamiento de Manacor".

Después del pleno del lunes, el Gobierno del Estado tiene un máximo de cinco meses para escriturar el solar de la calle Pilar a su nombre y se haga definitivamente efectiva la cesión.