El secretario del ayuntamiento de Muro en el año 1999, Bartolomé Marimón, se negó a firmar un decreto del 16 de junio de ese mismo año en el que se aprobaban las altas que se habían producido varios meses atrás en el padrón municipal de la localidad al "apercibirse" de una serie de irregularidades de las que, según los escritos de acusación del ayuntamiento de Muro y de la fiscalía, habría sido responsable el ex alcalde Jaume Perelló (UM). Ante la negativa del funcionario municipal, el decreto que debía legalizar los empadronamientos solo aparece firmado por el propio alcalde, "en contra de la norma y práctica habitual de que sean firmados conjuntamente por alcalde y secretario", según refleja la acusación particular.
El ex alcalde de Muro deberá responder esta semana ante el juez de estas supuestas irregularidades por las que la fiscalía reclama a Perelló cuatro años de prisión y el ayuntamiento de Muro otros tres años por un presunto delito electoral cometido en el año 1999. El juicio dará comienzo hoy lunes a partir de las diez de la mañana en la sección primera de la Audiencia Provincial de Palma, y está previsto que se prolongue durante toda la semana debido a la gran cantidad de testigos que han sido citados a declarar en el juicio oral.
La acusación que pesa sobre Jaume Perelló está relacionada con el empadronamiento irregular de un centenar de personas entre febrero y mayo de 1999 "con el fin de conseguir engrosar el censo electoral de Muro y, por tal medio, captar votos en las elecciones municipales del 13 de junio de 1999", según la acusación representada por el Ayuntamiento. Al parecer, según la versión del Consistorio y de la fiscalía, Perelló habría intervenido para empadronar a personas que no eran naturales de Muro y que no guardaban ningún vínculo con este municipio. Algunas de ellas que no se conocían entre sí fueron empadronadas en un mismo domicilio, mientras que otras aparecieron inscritas en lugares o domicilios inexistentes. También se han producido casos de gente que había sido inscrita en viviendas de personas allegadas al acusado.
Comisión de investigación
El ayuntamiento de Muro decidió en marzo de 2002 poner en conocimiento del juzgado de instrucción las presuntas irregularidades des después de que una comisión de investigación municipal analizase el caso entre octubre de 2001 y marzo de 2002. El resultado de esta investigación interna se tradujo en cinco actas que posteriormente fueron entregadas al juzgado.
La acusación particular considera que Jaume Perelló "ayudó personalmente en la labor material de los empadronamientos irregulares, recibiendo a tal efecto en su despacho de alcaldía a las personas que luego serían empadronadas". Posteriormente, habría llevado a la mesa del funcionario municipal encargado del empadronamiento, ya fallecido, las correspondientes hojas de inscripción o los documentos de reclamación para la inclusión del interesado en el censo electoral. "En varios casos, las altas de empadronamiento y/o las reclamaciones no fueron firmadas por los propios interesados, como exige la normativa, pese a que sí se hizo constar que la firma se estampaba en presencia del funcionario", según asegura la acusación.
Durante el proceso de investigación llevado a cabo por la comisión municipal, el propio Jaume Perelló había manifestado que "alguien" le propuso "buscar gente para hacer empadronamientos" y que "le habían metido un gol" por ello.
El ayuntamiento de Muro considera que los empadronamientos irregulares fueron "propiciados por el acusado (Jaume Perelló) y que éstos "no hubieran podido ser llevados a cabo sin su personal intervención ni sin su firma". Perelló tendrá ocasión de defenderse a partir de mañana en el TSJB.
