La propiedad de es Caülls Nou cifra en 40,2 millones de euros los daños y perjuicios sufridos por el no desarrollo del proyecto urbanístico que tenía planeado y, en consecuencia, exige al ayuntamiento de Marratxí –gobernado con mayoría absoluta por el PP– el abono de esta cantidad en concepto de reclamación de responsabilidad patrimonial contractual.
El pleito ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo presentado por la promotora, y el juzgado ha solicitado al Consistorio toda la información referente a la tramitación de la iniciativa, según explican fuentes judiciales cercanas al proyecto.
La estimación económica realizada por la propiedad parte de la base de que no ha podido aprovechar urbanísticamente una superficie de 253.601 metros cuadrados en el polígono número 21. En la reclamación, argumenta la promotora, no solo se tiene en cuenta el valor que tendría ese suelo si fuera urbanizable, sino que también se incluyen "todas aquellas inversiones y gastos" realizadas desde 1997 para impulsar la urbanización, finalmente frustrada.
Origen del pleito
Para rastrear en los inicios de esta historia, hay que retrotraerse a 1997, cuando se firmó el primer convenio urbanístico entre la propiedad y el ayuntamiento de Marratxí. Un acuerdo que contemplaba el desarrollo de un plan parcial en este suelo que por aquel entonces recibía la consideración de ´urbanizable´.
Sin embargo, la evolución política iba por otros derroteros. En 2000, el PSM presentaba una moción en la sede consistorial para que los terrenos dejaran de ser urbanizables, un argumento amparado en la idea de su alto valor paisajístico.
Decisión del pleno
A principios de 2001, la situación había cambiado por completo a favor de la desclasificación de esta área. En enero de ese año, con los votos del equipo de gobierno (PSOE-IDMA) y de la oposición (PP, EU y PSM), se ratificó la desclasificación.
Sin abandonar 2001, la medida quedó definitivamente fijada cuando la comisión insular de Urbanismo del Consell aprobó la modificación de las normas subsidiarias de Marratxí, para que esta zona pasase a ser de suelo rústico. En aquel entonces, la comisión insular estableció que las "posibles indemnizaciones" deberían correr a "cargo exclusivo" de la corporación municipal.
Pero la historia experimentó un giro tras las elecciones municipales de 2003. Con los votos a favor de PP e IDMA y el rechazo de PSOE, PSM y EU, se volvieron a declarar urbanizables los terrenos, pero debido a las deficiencias en el expediente de recalificación presentado por el consistorio de Marratxí, el Consell no dio el visto bueno a la iniciativa.
