Alternativa per Pollença (ex EU-EV) ha denunciado una serie de irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Disciplina Urbanística por parte del ayuntamiento de Pollença en relación a dos licencias de obra solicitadas por el empresario catalán Josep Singla Barceló, presidente de la constructora Proinosa e imputado en la operación Pretoria por los presuntos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, por lo que tuvo que abonar una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión.
Las licencias urbanísticas solicitadas por Singla pretendían rehabilitar y ampliar una vivienda unifamiliar, por una parte, y consolidar el techo de una antigua vaquería anexa a la construcción principal, por la otra, y cuyas ejecuciones, según Alternativa, no se ajustan a las condiciones de las licencias. Las construcciones están situadas en el ámbito del Área de Protección de la Albufereta, calificada como ANEI, aunque el terreno en el que se encuentran está calificado como suelo rústico común.
El portavoz de Alternativa, Pepe García, critica la actuación del celador municipal, que en una visita a la vivienda del promotor realizó unas fotografías que no iban acompañadas de ningún informe. A partir de estas imágenes, una aparejadora municipal realizó un informe desfavorable en el que denegaba la licencia de primera utilización de la vivienda debido a que "las obras no se adaptan a la licencia concedida".
Informe de la aparejadora
El dictamen constataba que "se han modificado los interiores y las fachadas y la edificación se ha levantado respecto al terreno natural". La aparejadora concluyó que "no se ha reformado la edificación, sino que se ha realizado totalmente de nuevo, pero no consta expediente de infracción". Además, también "indicaba que en la parcela había otras edificaciones en reforma (las vaquerías) sin final de obra y una piscina reformada sin licencia".
En base a este informe, el Ayuntamiento denegó la licencia en marzo de 2005, aunque el promotor Josep Singla presentó un recurso de reposición en mayo del mismo año alegando que dos muros de la construcción se habían derrumbado solos, aunque se habían aprovechado la cimentación y otros muros. También negó que la edificación hubiese sido levantada respecto al terreno natural y que sólo habían retirado la tierra de labranza para evitar la humedad. Además, Singla destacó que no había ningún expediente de infracción urbanística abierto.
Posteriormente, el arquitecto municipal, Rafael Balaguer, estimó el recurso e informó de forma favorable al final de obra al haberse corregido deficiencias en la fachada y el interior.
Pepe García critica que el celador de obras no abriese ningún expediente, por lo que reclama que se le abra uno a él, además de la revisión de la licencia y la apertura de un expediente de infracción.
