Las instituciones y entidades personadas en el contencioso presentado por Lorenzo Ordinas contra la Iglesia Católica manifestaron ayer su satisfacción por la sentencia que reitera que los edificios del Castell, reclamados por este vecino, son titularidad de quien ha dispuesto de ellos hasta ahora, es decir del Obispado.
El vicario episcopal, Joan Servera, el alcalde de Alaró, Joan Simonet, y el presidente de la Fundación Castell, Mateu Marcús, aseguraron estar muy contentos con una resolución que demuestra que sus argumentos eran correctos. Servera subrayó que en la memoria popular de los alaroners no hay duda de que estas instalaciones siempre han sido gestionadas por la parroquia local.
El alcalde, Joan Simonet, arremetió duramente contra Lorenzo Ordinas y su hijo Miquel Àngel –que es además el abogado–, afirmando que en este juicio ha quedado demostrado que actúa "con mala fe y temeridad". Para Simonet, "Ordinas ha intentado engañar ocultando el plano que mostraba que la zona reclamada no les correspondía por herencia, y lo hemos tenido que buscar y aportar nosotros", agregó.
Marcús aseguró que la sentencia da a entender que la juez cree que "no había razón para presentar esta demanda y que ha sido una pérdida de tiempo". El presidente de la fundación asegura que lo demuestra el que Ordinas haya sido condenado a pagar las costas del juicio. Simonet recordó que éste es uno de los cinco pleitos entre Lorenzo Ordinas y las instituciones, lo que permite entender la relación conflictiva que hay entre ambas partes.
Motivos urbanísticos
Desde que en 2006 se descubriera una infracción de Ordinas en un edificio construido como almacén agrícola en terrenos ANEI, se han sucedido denuncias y conflictos.
Esta irregularidad está pendiente de una causa penal por supuesto delito contra el medio ambiente, pero además quedan otras reclamaciones de Ordinas: una por habérsele denegado el suministro eléctrico de su supuesta nave agrícola, y otra contra el Ayuntamiento por haber autorizado la rehabilitación de las murallas y torre del Castell. Y es que el gobierno central abrió otro frente contra Ordinas recientemente, cuando desveló que los restos arqueológicos de la fortaleza son de titularidad pública y que por lo tanto no se necesita la autorización de Ordinas para su restauración.
Finalmente, Simonet mencionó que la policía local de Alaró también tiene una denuncia contra los Ordinas por obstrucción a la autoridad el día que intentaron impedir que se retirara una roca del camino público. Aseguraban que era suya y debían dar ellos permiso.
