La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha aceptado el recurso interpuesto por la abogacía del Estado y ha suspendido la ejecución del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Palma, de 27 de octubre de 2016, por el que se acordó un gasto de 1,7 millones para hacer efectiva la carrera profesional con efectos retroactivos desde el uno de enero de 2016.

En junio del año pasado la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Palma había denegado la medida cautelar de suspensión del acuerdo ya solicitada por la Administración General del Estado, que interpuso recurso de apelación contra este acuerdo.

Inicialmente se había desestimado la suspensión considerando que "la ejecución de una resolución administrativa de contenido económico no impide la efectividad de una eventual sentencia estimatoria, ya que no se pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación". No obstante, el Tribunal Superior considera que lo anterior "no es exactamente cierto" puesto que dicha resolución implica a terceros, "lo que sin duda dificultará la efectividad de la eventual sentencia estimatoria".

Complemento inconstitucional

Los abogados del Estado solicitaron la suspensión del acuerdo por cuanto el acuerdo de carrera profesional "introduce un nuevo complemento retributivo para el personal funcionario y laboral del Consistorio", infringiendo de esta forma un artículo de la Constitución y la legislación estatal básica.

Además, consideran que "infringe el sistema retributivo para el personal funcionario". Asimismo, indican que "los conceptos retributivos no previstos en la ley suponen un incremento de las retribuciones del personal adicional al aprobado por la Entidad local según el porcentaje determinado en la correspondiente Ley de presupuestos del Estado".

En este sentido, recuerdan que, en 2016, las retribuciones del personal al servicio de las administraciones no podía experimentar un incremento global del 1%.

Tanto el Ayuntamiento, como los sindicatos UGT y CC OO se opusieron al recurso interpuesto por la Administración estatal.