El Ayuntamiento de Palma ha ordenado hoy a la Fundació Natzaret, como propietario de los terrenos, y a la empresa de Barlolomé Cursach, que explotaba la discoteca Pachá, la demolición de las obras realizadas sin licencia en la discoteca.

La gerencia de Urbanismo celebrada esta mañana ha cerrado el expediente de reposición de la legalidad urbanística con esta orden de demolición, tras comprobar que se han realizado obras sin licencia en la antigua discoteca por un importe de 880.000 euros. En este caso la sanción económica se agrava por el hecho de que los terrenos y la edificación en los que se ha realizado la ilegalidad están protegidos como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, José Hila, los celadores municipales detectaron hasta nueve acciones realizadas en el local sin la correspondiente licencia municipal, que ahora deben ser demolidas. Entre ellas citó la instalación de vallas publicitarias, la ampliación de la terraza principal, con la colocación de una barra, de la sala VIP y la ejecución de un sótano, además de dos reformas interiores y de otras dos en el exterior.

Hila ha explicado que ahora el Ayuntamiento notificará la resolución a las partes y, una vez realizado este trámite, que puede durar meses, la propiedad y el antiguo gestor de la discoteca dispondrán de dos meses para ejecutar las obras de demolición. En caso contrario, el Ayuntamiento las ejecutará de forma subsidiaria, pasándoles la factura de los gastos ocasionados, además de imponerles una multa mensual hasta doce meses por un importe equivalente al 10% del valor de las obras realizadas sin permiso. En este caso, el importe mensual de la sanción sería de 80.000 euros, lo que multiplicado por 12 da una cifra de 960.000 euros que debrán hacer efectiva, si se da el caso, la Fundació Natzaret y Cursach.

Al margen de este expediente de reposición de la legalidad urbanística el Ayuntamiento abrió en su momento también un expediente de infracción, que aún no está resuelto y qua acabará con una multa económica que, en este caso, deberá abonar la empresa que ejercía la actividad y no el propietario de las instalaciones.

Cursach comunió el pasado mes de diciembre su voluntad de renunciar a la licencia de actividad de la discoteca, después de que Cort determinara que el aforo del local no superaba las 277 en lugar de las 668 que reclamaban. En aquel momento ya se advirtió que la renuncia no implicaba el archivo de los expedientes de demolición ni de disciplina urbanística.

El empresario de ocio ahora en la cárcel deberá enfrentars en las próximas semanas o meses a más sanciones urbanisticas por las obras realizadas sin licencia en el complejo Megasport.

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