Son Banya se creó a principios de los 70 para ofrecer una vivienda digna a la población gitana, pero en la actualidad "las condiciones no cumplen ese objetivo, sino todo lo contrario, y el poblado se ha convertido en una maquinaria de exclusión social", reconoció la regidora de Bienestar de Palma, Mercè Borràs.
Redadas policiales, narcotráfico y delincuencia se asocian al nombre de este poblado desde hace décadas, a pesar de que comenzó como un proyecto pionero con el que acoger a más de un centenar de familias gitanas que estaban viviendo en chabolas junto al mar.
El plan de desmantelación de Son Banya se remonta a 2008, cuando Eberhard Grosske (EU) era concejal de Bienestar Social, en época de la alcaldesa Aina Calvo (PSOE). En esa legislatura se planificó la erradicación de las chabolas. Las previsiones de Grosske apuntaban a 2012 como fecha de la desaparición del poblado. Para ello, se emprendieron acciones legales con el objeto de conseguir el desahucio 42 barracas de propiedad municipal en las que vivían gitanos que poseían otras propiedades en la ciudad.
Pese a las protestas de quienes iban a ser echados, Cort puso en marcha un plan que incluía ayudas para las familias de Son Banya que no estuvieran relacionadas con el narcotráfico y que quisieran abandonar el poblado.
Entre 2009 y 2012, se realojó a 17 familias, a las que hay que sumar las 16 anteriores a 2008 por otros equipos consistoriales.
Con el cambio de gobierno municipal y el regreso del PP a la alcaldía, el desmantelamiento de Son Banya se paralizó, a pesar de las 45 órdenes de desahucio.
Borràs comentó ayer que ahora el Ayuntamiento retoma el trabajo inacabado. "A medida que haya posibilidades técnicas y presupuestarias, se irán derribando las viviendas para evitar que sean ocupadas de nuevo", explicó la regidora.
