El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma exigió ayer al concejal de Movilidad, Joan Ferrer, que asuma las responsabilidades derivadas de la incoación de un procedimiento de sanción por parte de la Agencia Española de Protección de datos, pague personalmente los 24.000 euros propuestos de multa y, además, persente su dimisión.
El portavoz de este grupo municipal en Cort, Josep Lluís Bauzá, explicó que la denuncia formulada ante la agencia estatal fue contra el concejal y no contra el Ayuntamiento, por lo que, además de pagar la sanción de su bolsillo en el caso de que ésta se confirme, debe dimitir como concejal porque "no se puede consentir que se utilice dinero público para pagar el juego sucio de Ferrer."
Para Bauzá, la denuncia del concejal del equipo de gobierno sobre el uso abusivo que hacían determinados concejales de la oposición de las tarjetas gratis total de los aparcamientos de la SMAP "fue un intento de desprestigiar a la oposición" y para ello, "vulneró la ley de protección de datos, como ha confirmado la Agencia en su expediente".
