El Govern deberá devolver al Gobierno central 17 millones de euros aportados por las arcas estatales para proyectos en la Platja de Palma, al no haberse justificado su ejecución. El vicepresidente y conseller de Turismo, Biel Barceló, explicó ayer en una comparecencia parlamentaria que la decisión del Gobierno central de abandonar el Consorcio de la Platja de Palma supondrá la disolución de este organismo, que cerrará sus puertas dejando esta importante deuda.
La mayor cuantía procede del convenio de inversiones estatutarias de 2009 que se amplió en 2010 a través de una 'addenda', por el que el anterior Govern del PP recibió a través de Turespaña 20 millones de euros para mejoras de infraestructuras en esta zona madura. Sin embargo, de estos fondos sólo se ejecutaron 4,6 millones hasta 2011. Entre ese año y 2015 (el plazo de ejecución acababa en agosto de ese año) no se realizó nada, por lo que el Estado reclama 12 millones pendientes, ya que el Govern pudo justificar otros 3 millones de gastos aproximadamente.
A ellos se suman dos convenios de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 2008 y 2009, que sumaban entre ambos 9 millones de euros aportados a partes iguales entre el Gobierno central y el Govern, de los que se invirtieron 1.050.000. Así, el Estado reclama la parte que dio y no se ejecutó, que asciende 2,9 millones de euros, a lo que añade intereses de demora que colocan esta deuda en más de 5 millones de euros, ya que la secretaria de Estado de Turismo exigió en 2013 el reintegro de los fondos correspondientes al primer convenio y en febrero de 2015, los del segundo.
Cruce de acusaciones
Según los datos aportados por Barceló, estas cifras suponen que del total de los 24,5 millones que recibió del Estado el Consorcio de la Playa de Palma sólo se ejecutaron 5.125.000 euros (4,6 millones por inversión estatutaria y 525.000 euros del convenio de 2008).
El vicepresidente y conseller de Turismo culpó de "la ruina" y la situación que ha llevado a iniciar el proceso de disolución del Consorcio a la falta de ejecución de los proyectos por "la nula gestión" del PP entre 2011 y 2015, con el actual diputado popular Alvaro Gijón como gerente, y a la "actitud poco colaboradora del Estado". Gijón, por su parte, acusó al Govern del Pacto entre 2007 y 2011 de no haber podido efectuar estas inversiones, ya que el Ejecutivo balear que presidía Francesc Antich destinó los fondos que llegaron del Estado a "gasto corriente".
Barceló sostuvo que los argumentos de Gijón "no se aguantan" ya que "aunque esas partidas fueran a la caja común" del Govern, el Consorcio "tuvo el crédito presupuestario" correspondiente a estos fondos. "Usted dispuso cada año de fondos, pero decidió no usarlos", espetó a Gijón, quien sostuvo que "el problema es que nadie ha creído en la Platja de Palma" y admitió que "el PP también ha tenido culpa", pero reprochó a Barceló que no realice autocrítica. "La realidad es que en la Platja de Palma no se ha invertido ni un euro", afirmó Gijón en referencia al actual Govern del que dijo "sorprenderle" su "capacidad de echar la culpa siempre a los demás".
A parte del intercambio de acusaciones con Gijón, Barceló explicó que sus "prioridades" con el proceso de disolución del Consorcio son que los ayuntamientos de Palma y Llucmajor recuperen las competencias urbanísticas que cedieron a este organismo y ejecutar lo antes posible las inversiones aprobadas el pasado mes de abril por algo más de 1,7 millones de euros.
Entre ellas, la de mayor cuantía es la sustitución del empedrado por asfalto de calidad de la calle Marbella (650.000 euros), a la que se suman otras como la compra del terreno del campo de fútbol de Can Pastilla (275.000 euros), los 150.000 euros para el corredor paisajístico junto con empresas hoteleras o la rehabilitación del vial y barandillas del Pont del Torrent Jueus, por 150.000 euros.
