La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y 'Ciutat per a qui l'habita' exigen que continúe la prohibición al alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares de la capital balear cuando el Govern haya aprobado la ley que regulará esta actividad en el archipiélago. La patronal Aptur, que representa a las viviendas vacacionales, cree que, frente a la prohibición total, "poner unos cupos podría ser una solución" a la zonificación que deberá realizar el consistorio, tal como afirmó ayer su presidente, Joan Miralles.
De todos modos, solicitó a las entidades ciudadanas que dejen de utilizar a los propietarios de los pisos "como cabeza de turco" de la saturación turística y la subida del precio de los arrendamientos de larga estancia. Según Miralles, este incremento se ha producido por varios factores, entre ellos la crisis económica y la compra de viviendas por parte de empresas y particulares extranjeros. "¿Por qué hay demanda de alquiler? Los precios de venta aumentaron tras la crisis y es más difícil comprar", argumentó, por lo que la gente optó por el arrendamiento y la oferta ha disminuido.
Lo dijo ayer en la mesa redonda titulada 'Lloguer turístic: negoci o economia familiar?', celebrada dentro de la jornada 'Habitatge: una qüestió de dignitat' en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears y organizada por la concejalía de Urbanismo, Vivienda y Modelo de Ciudad.
Joan Moranta, representante de la asamblea 'Ciutat per a qui l'habita', advirtió de que "se está produciendo una nueva burbuja inmobiliaria", porque "hasta que no regulen el alquiler turístico, hay un efecto llamada que se les está escapando de las manos" a los gobernantes. Por ello apostó por "una moratoria" durante el proceso legislativo, para evitar que el nuevo negocio turístico se "desmadre", según sus palabras. No obstante, Miralles aseguró que después "no bajarán los precios de los alquileres de larga estancia. Seguirán siendo altos o los pisos serán vendidos a extranjeros".
Para el presidente vecinal, Joan Forteza, la situación que padece Palma es debida a la "insaciable codicia de hacer dinero rápido" y, "mientras el Govern mira a otro lado, centenares de vecinos son presionados a que abandonen sus viviendas". Reprobó el alquiler turístico en plurifamiliares, ya que "conduce a la especulación", pero dio su visto bueno en el caso de que el arrendatario alquile una habitación de su propia vivienda, como planteó recientemente el concejal de Urbanismo, Antoni Noguera, tomando como ejemplo el caso de Amsterdam.
Lo único en lo que coincidieron los defensores y detractores del alquiler vacacional es que se trata de un negocio, aunque tanto la patronal como la Asociación de Economía Digital -representa a plataformas como las conocidas Airbnb y Homeaway- destacaron que también constituye un tipo de economía colaborativa. Según la portavoz de esta última entidad, Sara Rodríguez, el problema es que "hacen falta muchos datos objetivos" para debatir sobre la actual situación y no existen, por lo que la confrontación entre los afectados "se está convirtiendo en la tragedia de los comunes".
La mesa redonda, moderada por la regidora de Turismo, Joana Maria Adrover, también contó con intervenciones del público y varios de ellos expresaron casos contrapuestos. Un autónomo del sector inmobiliario criticó que Miralles dijese que el alquiler de larga estancia es más rentable que el turístico, porque "no es verdad", aseguró; la dueña de una vivienda con una habitación arrendada defendió esta opción "para poder subsistir" y dos participantes más lamentaron la "turistificación" que está sufriendo el centro.
