El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es Cristóbal Montoro, ha autorizado al Ayuntamiento de Palma la formalización de un préstamo por un importe de 31,5 millones que se destinará a la ejecución de sentencias judiciales firmes.
De esta forma, el Ayuntamiento podrá afrontar, sin disminuir los gastos previstos en el presupuesto del presente año para otros conceptos, el pago de los 5,5 millones correspondientes a la expropiación del antiguo Velódromo de Tirador, que afecta a 86 propietarios. Así el alcalde, José Hila, no tendrá que pagar, con su patrimonio personal, esta cantidad, tal y como le condenó un juez, si Cort no hacía frente al abono de esta cantidad en un plazo máximo de seis meses.
Cuando se haya formalizado el préstamo por parte del Ayuntamiento de Palma, también se procederá al pago de ocho millones a los hermanos Torres Rovira, correspondientes a la expropiación de un solar situado en la calle Sant Rafael; otros 7,4 millones para la expropiación de un solar propiedad de la empresa Alós Zayas S.L., situado en Son Fuster de otros 2,1 millones a Dornier correspondientes a la liquidación, en 2013, del anterior contrato de la ORA. En este último punto cabe señalar que la empresa adjudicataria del anterior servicio de estacionamientos de pago recurrió la liquidación por no estar de acuerdo y los tribunales le dieron la razón, de ahí que ahora el Ayuntamiento deba abonarle esta cantidad.
También se va a proceder al pago de los 7,4 millones que el Ayuntamiento, también según sentencia firme, adeuda a los funcionarios municipales en concepto de carrera profesional, además de otras expropiaciones por un importe inferior, como los 191.894 euros que se adeuda a M. Crescencio Bordoy, o los 98.000 de Pilar Hannembaum. Con esta cantidad el Ayuntamiento no va a hacer frente aún a todas las deudas pendientes en concepto de expropiaciones, puesto que solo se incluyen aquellas que disponen de sentencia firme y que no pueden ser recurridas.
Al respecto, el Ayuntamiento en los últimos años, ha abonado más de 40 millones correspondientes a operaciones urbanísticas realizadas en algunos casos hace más de una década, cuya ejecución se contemplaba por este procedimiento. En algunos casos los propietarios, ante la inacción municipal, han instado a que se ejecute la expropiación prevista.
