La junta de gobierno celebrada ayer aprobó los pliegos de condiciones para la licitación de la ocupación y explotación de las playas de Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí y Cala Estancia, que exigen, por primera vez, que el personal de la empresa adjudicataria que se relacione directamente con los usuarios conozca el catalán, además del cumplimiento de una serie de cláusulas sociales.
Ayer se desestimaron las alegaciones presentadas por varios particulares al pliego, aunque ninguna de ellas hacía referencia a la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la Comunitat Autónoma, sino que se referían a otras cuestiones, como las referidas al plazo para acreditar la solvencia técnica exigida en el pliego, o al alto porcentaje atribuido a la oferta económica a aportar por los licitadores.
También se desestimó una alegación que hacía referencia a la falta de un programa de vigilancia medioambiental y otra al supuesto cálculo erróneo del canon exigido y a la exigencia no incluida en el estudio económico relativo al gasto para la contratación de un socorrista.
