El juez Manuel Penalva intenta descubrir qué responsable del Ayuntamiento de Palma ordenó la destrucción masiva de documentos, coincidiendo con la primera detención del empresario Antoni Roig, concesionario, entre otros contratos, del control de la ORA y del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Esta persona, junto al anterior gerente del IME y al responsable del área de mantenimiento, se encuentra en prisión por su implicación en una nueva causa de corrupción. Precisamente en el día de ayer el magistrado, junto al fiscal Subirán, continuaron con las diligencias de esta nueva investigación y tomaron declaración a varios testigos, todos ellos trabajadores de las instalaciones deportivas
Los tres investigados pasarán su primer fin de semana en la cárcel, aunque sus defensas tienen previsto recurrir la orden de prisión. El juez ha justificado esta decisión en el hecho de que ha tenido conocimiento de la destrucción de pruebas. Se teme que muchos documentos estén relacionados con la empresa concesionaria del mantenimiento de los pabellones deportivos.
El juez, inicialmente, imputa un total de siete delitos a las tres personas que están en estos momentos en prisión. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, defraudación a la administración, estafa, tráfico de influencias y prevaricación.
La fiscalía Anticorrupción ha denunciado que el exgerente del IME y el responsable del área de mantenimiento beneficiaron al empresario Roig, permitiéndole que cobrara dinero por proyectos que no se habían realizado en los pabellones deportivos, o por horas de trabajo de los empleados que nunca se cumplieron. El fiscal sostiene que para justificar el desvío de fondos se inflaba el precio de las facturas y que se aceptaban albaranes sin que se detallara el precio de los productos que se suministraban.
Por otra parte, el PP del Ayuntamiento de Palma presentó ayer un escrito, firmado por Marga Durán, en el que pide al equipo de gobierno si tiene constancia de que se esté destruyendo documentación pública relacionada con esta investigación. También reclama que se informe a su grupo sobre en qué áreas, institutos municipales, empresas públicas o cualquier organismo del ayuntamiento se está produciendo la destrucción de documentos. Al mismo tiempo, pregunta si se ha producido alguna orden expresa que autorice estos hechos.
