El juez Manuel Penalva, en el auto que dictó en la noche del pasado miércoles para justificar el ingreso en prisión de tres de los detenidos por la nueva operación contra la corrupción, apunta al ex concejal Fernando Gilet como el responsable de cambios organizativos que facilitaron algunas de las irregularidades investigadas en este caso, que afecta al área de deportes del Ayuntamiento de Palma. El magistrado afirma que Cort abonó 187.345 euros en horas de trabajo que nunca se realizaron. Un ingreso económico irregular que habría beneficiado a la empresa Instalaciones Roig, concesionaria, entre otros proyectos públicos, del mantenimiento de las instalaciones deportivas y de las piscinas municipales de Palma.
La conclusión del juez se basa tanto en el informe auditor que han realizado peritos externos contratados por el IME, como testigos relacionados con esta área municipal. El juez mantiene en estos momentos en la cárcel a Antoni Roig, el dueño de la empresa concesionaria; al exgerente del IME Antonio Ramis y al jefe del área de mantenimiento, Alberto Serna. En su escrito, el magistrado señala, sobre todo para justificar la medida de prisión, que la Policía dispone de la declaración de un funcionario del Ayuntamiento de Palma, que reveló "la sospechosa destrucción de documentación municipal, justo al día siguiente de procederse a la anterior detención de Antoni Roig". Este trabajador público, con 30 años de servicio, señaló que "nunca había visto que arrojaran carpetas, archivadores en perfecto estado de conservación, y documentación varia hasta llenar completamente los contenedores de Emaya". Esta situación fue comentada por varios trabajadores municipales y todos llegaron a la misma conclusión: "ayer detuvieron a Roig y hoy empiezan a destruir documentación. Ya están corriendo", detalla el auto.
El fiscal Anticorrupción, Migue Ángel Subirán, junto al juez Penalva, calcula que el perjuicio económico que ha sufrido la administración municipal a través de la gestión de la concesionaria alcanza alrededor de un millón de euros. El actual gerente del IME ha denunciado que la empresa Roig ha recibido un trato de favor en el área de deportes y ello gracias a la intermediación, entre otros, de Alberto Serna, jefe del área de mantenimiento. Se da la circunstancia, según destaca el juez, que Serna y Roig son amigos entre ellos y a la vez los dos también lo son del concejal Alvaro Gijón. Los tres han compartido viajes tanto a Formentera como a Granada, como se ha constatado en algunas fotografías en las que aparecen los juntos.
Aunque el juez acusa a Serna de ser el responsable del descuadre económico a favor de Roig, tampoco se olvida del papel que tuvo el anterior gerente del IME, Antoni Ramis, al que acusa de dejación de funciones. Varios funcionarios han denunciado que Ramis estaba al corriente de todas las irregularidades y fue el artífice de que Serna, como jefe de mantenimiento, "asumiera el control total del instituto".
Fue precisamente una orden de Ramis, "así como del concejal presidente del IME, Fernando Gilet", la que permitió un cambio en el sistema de funcionamiento interno del Instituto de Deportes. El juez explica que el jefe del área de mantenimiento no solo controlaba la dinámica diaria de todos los pabellones deportivos, sino que nadie ejercía ningún control sobre él. Antes de que hubiera estos cambios de organización, los directores de las instalaciones eran los responsables de todos los trabajadores del pabellón. Sin embargo, a partir de 2012 estos directivos "quedan vacíos de contenido y sus funciones son absorbidas por el jefe de mantenimiento".
Este periódico intentó ayer ponerse en contacto con Gilet, que no quiso hacer declaraciones.
Los investigadores han detectado todo tipo de irregularidades contables. Por ejemplo, se cobraron instalaciones que nunca se realizaron, como por ejemplo unas placas solares que se debían colocar en el pabellón Rudy Fernández. Y también se permitía que la empresa concesionaria presentara albaranes de gastos sin que constara el precio del trabajo realizado. El juez interpreta que se trataba de una maniobra que le permitía a Roig inflar las facturas. Estos incrementos de los gastos sobre el precio real del servicio, según los auditores, se incrementaban en unos porcentajes que iban desde el 50% al 178%, según destaca el juez Penalva.
Otra de las irregularidades que se investiga es que la concesionaria se comprometía, porque así lo señalaban los pliegos de contratación, a realizar una serie de mejoras en las instalaciones. Sin embargo, la empresa Roig no realizaba estos trabajos por los que había sido contratada, pero sí los cobraba. Estos servicios los desempeñaba otra empresa, lo que suponía que al final Cort pagaba dos veces el mismo trabajo. Una de estas labores era los análisis de legionella de las piscinas.
