19 de octubre de 2016
19.10.2016
Escándalo en Cort

Sospechan que el fraude en el concurso de la ORA supera el millón de euros

Varios de los funcionarios detenidos, que quedaron en libertad, reconocen irregularidades en el proceso administrativo

20.10.2016 | 01:32

Más de un millón de dinero desviado es la cifra que en estos momentos calculan que asciende el presunto fraude descubierto en el contrato de la ORA, firmado por el gobierno municipal bajo el mandato del alcalde Mateo Isern. Una investigación que, de momento, ha supuesto la detención de trece personas, la mayoría funcionarios municipales, aunque se teme que la cifra podría aumentar.

De los trece detenidos en la primera fase de la operación, la Policía dejó el pasado lunes por la noche a cinco de ellos en libertad. Además, anoche quedaron en libertad el jefe de Multas, Rafael Vidal, y otro funcionario. Esta decisión se adoptó porque los detenidos se mostraron dispuestos a colaborar con los investigadores reconociendo las irregularidades ya constatadas por la Policía y porque se trataba de funcionarios que no habrían tenido ningún papel destacado en el proceso de contratación del servicio de la ORA. Precisamente, dos de estos trabajadores municipales declararon ayer por la mañana ante el juez Penalva y el fiscal Subirán. Se mostraron sorprendidas por los detalles que les enseñó el fiscal, en el sentido de que dicho contrato se había amañado para beneficiar a un determinado grupo empresarial, decisión que vendría ordenada por los responsables políticos del departamento que tramitó dicho proceso. El juez acordó levantar la condición de investigados de estas dos funcionarias y acordó que pasaban a ser testigos. Las otras tres personas que en la noche del lunes quedaron en libertad, entre ellas la exconcejal de Funció Pública de Cort, Irene San Gil, serán citados en los próximos días, posiblemente después de que pasen a disposición judicial los otros detenidos.

Los investigadores han analizado en profundidad las características de este concurso público y han comprobado que, sin ninguna explicación, el Ayuntamiento de Palma se decantó por la oferta más cara, con una diferencia de más de un millón de euros con respecto a la empresa competidora. El presupuesto que se acordó para la explotación de este control de aparcamiento ascendió a 25,4 millones de euros. Los investigadores no han encontrado ningún aspecto técnico que justifique que Cort eligiera la oferta que presentó una UTE de empresas, frente a otro proyecto que, con parecidas características, presentaba una oferta económica más beneficiosa para el Ayuntamiento de Palma.

Durante la tarde de ayer y hasta bien entrada la madrugada la Policía, con la asistencia del fiscal Subirán, fue interrogando a los detenidos, entre los que figura el exconcejal de Movilitat del Ayuntamiento de Palma, Gabriel Vallejo, cuyo departamento fue el que impulsó este contrato. Además de los funcionarios y el político, entre los detenidos también figura un empresario relacionado con la UTE, que crearon las sociedades Dornier, API Movilidad y Roig Obres Serveis i Medi Ambient.

Los investigadores están analizando en profundidad el pliego de condiciones de este contrato, ya que se sospecha que se elaboró una redacción a medida para justificar la contratación de la UTE que formalizaron estas tres empresas. Se ha constatado también que directivos de estas empresas tienen una muy estrecha relación con políticos del anterior gobierno municipal, situación que supuestamente habrían aprovechado para obtener este trato de favor. Sin embargo, no se cree que esta contratación únicamente se amañara por una cuestión de amistad para beneficiar a estos empresarios, sino que detrás se esconde el pago de comisiones. Sobre la mesa figuran algunos nombres de políticos de los que se sospecha que habrían cobrado, presuntamente, dichas comisiones. Entre los nombres destaca Álvaro Gijón y José María Rodríguez, si bien los dos políticos, a través de personas próximas, negaron ayer estos cobros. Otra de las líneas de investigación que se está rastreando es determinar si la empresa que controla el aparcamiento regulado habría contratado a familiares de políticos, tanto del Partido Popular como del PSOE, para mantener este trato de favor en el Ayuntamiento de Palma.

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