09 de septiembre de 2016
09.09.2016

El juez interroga a Gijón por su presunta vinculación con la trama de la Policía Local

09.09.2016 | 11:24

El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, interroga desde las 10.30 horas, en calidad de investigado, al regidor del PP de Palma y diputado autonómico Álvaro Gijón, a raíz de su presunta vinculación con la trama de corrupción urdida en la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios turísticos con la connivencia de altos cargos políticos.

La citación de Gijón se produjo a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió una de las acusaciones particulares personadas en la causa. En concreto, el juez le imputa presuntos delitos de tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Gijón, quien dimitió a principios de julio como secretario general del PP de Palma por su vinculación con estas pesquisas, manifestó recientemente sentirse "tranquilo" y aseveró que irá a declarar "si el juez lo considera", alegando que "en su momento" ya se ofreció para ello.

El instructor de estas pesquisas vincula tanto a Gijón como al expresidente de la formación en la capital balear con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas", según expone en varios de sus autos.

El juez se refiere a los agentes investigados como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación", llega a afirmar.

En concreto, Penalva apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho presuntamente perpetrados por numerosos agentes investigados.

Rodríguez ya compareció como encausado el pasado 26 de agosto, declaración tras la cual el instructor decretó contra él la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del Ayuntamiento, aunque limitado al departamento de Actividades, Urbanismo y Policía local, así como a cualquier instalación o dependencia de ésta ubicada en un lugar distinto.

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