Rodríguez critica la vulneración de su presunción de inocencia

Mediante un escrito presentado ante la Audiencia Provincial de Baleares, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Rodríguez protesta contra las medidas cautelares que le fueron decretadas a su patrocinado tras declarar como encausado a finales de agosto, entre las que se encuentran la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del departamento de Policía Local de Palma.

El letrado recrimina en esta línea el tratamiento procesal recibido por Rodríguez y lamenta cómo las anteriores medidas "menoscaban, sin fundamento alguno ni de hecho ni de derecho, la libertad personal y la presunción de inocencia" del que fuera también conseller de Interior en el último mandato de Jaume Matas y delegado del Gobierno en Baleares.

Se trata, alega, de derechos protegidos "en máximo grado" y lamenta que el auto impugnado decida "al margen de si los hechos denunciados han tenido lugar o no en la realidad, o afirme que el investigado "goza de una notable ascendencia sobre los funcionarios del Ayuntamiento de Palma por los cargos que éste ha ostentado, "sin llegar a concretar que mi mandante haya podido influir, presionar o coaccionar a persona alguna, ni por razón de esta causa ni en ningún otro momento".

El nombre de Rodríguez figura en numerosas ocasiones a lo largo del amplio sumario de la causa, en el que llega a ser considerado el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" creado para beneficiar a determinados responsables políticos del PP así como a varios de los principales grupos de ocio nocturno de Mallorca, entre ellos el Grupo Cursach.

En su escrito, el letrado insiste en que el derecho a la presunción de inocencia como regla del tratamiento del investigado y su "íntima relación con la libertad, constitucionalmente protegida", suponen que no deba establecerse medida alguna que las limite "en tanto no exista evidencia cierta o riesgo que la justifique", en aras a "garantizar la propia esencia de la presunción de inocencia y su garantía en un procedimiento justo".

La defensa abunda además en que la inexistencia de medida alguna contra su cliente o la incriminación de éste como presunto autor de coacción alguna, "permiten sostener que no hay necesidad del establecimiento de medida cautelar alguna sobre su persona, que limita innecesariamente su libertad deambulatoria".

"El establecimiento de dichas medidas tiene un carácter punitivo y mediático antes que un fin cautelar tendente a la evitación de cualquier riesgo, reiteramos, inexistente", incide el abogado, aseverando así que la adopción de estas medidas "debe ser siempre excepcional, condicionada a las circunstancias del caso y proporcionada a la finalidad que se persigue, tratando de evitar que se convierta en una pena anticipada".

Durante la instrucción de estas diligencias, un funcionario del Ayuntamiento, Pedro T., destacó ante el juez, un día antes de que Rodríguez dimitiera a principios de julio, el papel que éste ejercía en el Consistorio pese a no ostentar ningún cargo público: "No le hacía falta ser concejal para colocar a sus franquiciados" en el Ayuntamiento, llegó a declarar.

Asimismo, un agente de la Policía interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para poner en conocimiento de los investigadores que otro efectivo, Jaime G., "en su parapeto sindical", ha llegado a convocar reuniones políticas por parte de los policías turísticos con Rodríguez "con el fin de captar votos para el Partido Popular" y así "de nuevo exhibir su poder y control" sobre el cuerpo.

En su denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press y que el agente presentó en agosto de 2014, éste recalca cómo en la última legislatura del PP al frente del Ayuntamiento de la capital balear "de manera más notoria se ensalzan unos personajes que no sólo planificaban la estructura policial" sino que durante la organización de ésta "tomaban contacto con responsables policiales" para mostrarles "quién llevaba el peso de la organización".

Durante su comparecencia ante el juez instructor de la causa, Manuel Penalva, Rodríguez negó los hechos que se le imputan: "Por fin he podido declarar ante el juez ante unos hechos que yo niego; he respondido con honradez y, lógicamente, diciendo toda la verdad a todas las preguntas que me han formulado tanto el fiscal como las partes", manifestó ante los medios.

El magistrado apunta en numerosas resoluciones a una trama de corrupción en la que los agentes investigados habrían utilizado "la extorsión, la manipulación, la destrucción u ocultación de pruebas, los preavisos, el trato desigual para unos empresarios y correlativo de favor para otros, las 'mordidas', los prostíbulos, el alcohol y la cocaína en horas de servicio, las fiestas privadas donde el sexo, la droga y el alcohol corre por cuenta de determinados empresarios y la venta por parte de agentes de policía de objetos incautados a vendedores ambulantes".

IMPUTADO EN EL CASO OVER

Cabe señalar que esta no es la única causa en la que el expresidente del PP se encuentra imputado. También está bajo el punto el punto de mira en el marco del caso Over Marketing. Considerado la ramificación de la trama Gürtel en Baleares, este procedimiento judicial investiga la presunta financiación ilegal de la formación 'popular' así como el trato de favor que habría recibido a cambio la empresa Over en forma de contratos públicos.

El dueño de Over, Daniel Mercado, quien se ha prestado a colaborar en el marco de las pesquisas, aseveró ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que "quien realmente tomaba las decisiones en el PP" era Rodríguez, tal y como manifestó al ser inquirido en torno a la campaña electoral del PP de 2003 -diseñada por Over- y más en concretó sobre el papel que en ella jugó quien fuese mano derecha de Matas.

De hecho, Mercado llegó a aseverar que pactó con el expresidente poder cobrar parte de los gastos de la campaña "en B" -dinero opaco al fisco- y que el propio Rodríguez llegó a hacerle uno de estos pagos en las antiguas oficinas del PP. Es más, recordó que los presupuestos que presentaba a los exaltos cargos del PP eran supervisados por el expresidente del PP de Palma, ya que éste tenía "una gran experiencia en costes de campañas electorales".

Precisamente, respecto al exalto cargo, los investigadores le exhibieron un documento con la anotación 'Reclamar pagos pendientes: José María Rodríguez 80.000', lo que, explicó Mercado, obedecía a que "este resto" se le tenía que abonar "en concepto de los servicios electorales". "Consigné el pago para reclamárselo a Rodríguez porque entendía que en el organigrama del PP el señor Areal era un mero ejecutor, y quien tomaba realmente las decisiones era Rodríguez", aseveró.