La nueva concejala de Seguretat Ciutadana estrenó el lunes su cargo y ayer tomó su primera decisión: abrir expediente a seis mandos de la Policía Local por su presuna implicación en dos de los principales escándalos que han afectado al cuerpo durante los últimos años: el presunto amaño en los exámenes de promoción interna y la trama de corrupción policial de s'Arenal.
El comisario Rafael E.B. y los oficiales Antonio G.M., José L.C. y Sebastián M. están imputados desde 2013 por su presunta implicación en los amaños de los exámenes de las oposiciones para promoción interna del cuerpo. De hecho, los tres últimos ascendieron a oficiales en los exámenes bajo sospecha. Sin embargo, no se les había abierto ningún expediente disciplinario por esta causa ni se había tomado ninguna medida cautelar. Los tres seguían en su destino, en la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) y en la Unitat de Seguretat Integral (Usei), bajo el mando de Rafael E.B., jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad.
Uno de ellos, Antonio G.M., está siendo juzgado en la actualidad, junto a otros tres agentes, por torturas a un detenido. El juicio está pendiente de la última sesión. Este oficial aparecía en la grabación de las cámaras de seguridad del cuartel de Sant Ferran propinando varias patadas en la cara a un arrestado.
Los otros dos mandos expedientados son los jefes de la Patrulla Verda, el subinspector Bartolomé C. y el oficial Gabriel T. P. El primero fue arrestado por la Policía Nacional a principios de año, en el transcurso de la investigación sobre una trama de corrupción que implicaría a un grupo de policías y a conocidos empresarios de locales nocturnos de s'Arenal y el Paseo Marítimo. Tras su detención, el subinspector se reincorporó a su puesto en la Patrulla Verda, sin que se le aplicara ningún tipo de medida interna. Su segundo en el grupo, Gabriel T.P., fue arrestado el pasado lunes durante una nueva fase de la investigación.
La nueva regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, se encontró con la noticia de esta última detención el martes, cuando tomó posesión de su cargo. La concejala se reunió ayer con los responsables del Departamento de Asuntos Internos para revisar los casos de los policías afectados por estos escándalos. En esta reunión se acordó abrir expedientes disciplinarios por presunto delito doloso contra el comisario y los tres oficiales implicados en el caso oposiciones. También se abrió expediente a los jefes de la Patrulla Verda, a los que se aplicó medidas cautelares. El subinspector jefe será trasladado de destino, mientras que su segundo, el oficial coordinador, quedó suspendido de empleo y sueldo.
Al mismo tiempo fue nombrado un nuevo oficial para hacerse cargo del grupo de forma provisional.
Fuentes policiales añadieron que la concejala tenía la intención de continuar revisando los expedientes disciplinarios para asegurarse del correcto funcionamiento del cuerpo.
Por otro lado, la magistrada Carmen González, que investiga la trama de corrupción policial, cesó ayer en su destino en el juzgado de instrucción número 12 de Palma. Esta plaza la cubrirá el magistrado Manuel Penalva, que hasta ahora era el titular del juzgado de instrucción número 11 de Palma. Por tanto, a partir de ahora será Penalva quién dirigirá la investigación sobre este escándalo policial, un caso que desde hace un año se encuentra bajo secreto de sumario y que ha supuesto la imputación de más de una docena de agentes y altos cargos de la Policía Local. El cambio de juez puede provocar un retraso en el desarrollo de estas diligencias.
Carmen González ocupará una plaza de magistrada en la Audiencia de Palma.
