El hombre que perdió la fachada marítima de la ciudad

Josep Lluís Núñez, en prisión por sobornar a inspectores de Hacienda, ha tenido un papel destacado en el urbanismo de Palma

23.11.2014 | 11:55
El empresario Josep Lluís Núñez.
El empresario Josep Lluís Núñez.

Josep Lluís Núñez, constructor, millonario y famoso por haber presidido el Fútbol Club Barcelona durante 22 años, atraviesa actualmente uno de sus peores momentos. El pasado domingo ingresó en prisión junto a su hijo en Barcelona para cumplir una condena de dos años de cárcel por sobornar a inspectores de Hacienda durante años para pagar menos al fisco. Pero anteriormente Núñez tuvo un papel muy destacado en el urbanismo de Palma, desde que en 2004 compró a Gesa los solares de la primera línea donde la compañía eléctrica tenía su sede central para construir pisos de lujo. Este proyecto se vio frustrado cuando el Consell, entonces presidido por Maria Antònia Munar, declaró Bien Catalogado el edificio diseñado por José Ferragut, lo que impedía su derribo. Nuñez emprendió una batalla jurídica en la que sus abogados recurrieron una y otra vez cada iniciativa del Ayuntamiento que afectara al solar –más de veinte contenciosos en total– y dos años después fue el primero que denunció el pelotazo del solar de Can Domenge. Núñez consideró escandaloso que el Consell impusiera un tope máximo de 30 millones de euros a la hora de vender el terreno. Su empresa ofreció 60 millones, denunció la prevaricación y, tras las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, ejerció la acusación particular en el juicio que llevó a la cúpula de Unió Mallorquina a prisión, en lo que muchos vieron una venganza por la frustrada operación del solar de Gesa.

A lo largo de su dilatada carrera profesional, Núñez, de 83 años, ha demostrado ser un tipo duro de pelar. Muy lejos de la imagen explotada en las parodias de que fue objeto en los años en que presidió el Barça. Se trata de un empresario de éxito, un hombre hecho a sí mismo que empezó a trabajar con catorce años y se costeó sus estudios de contabilidad. A los 21 años empezó a trabajar como agente de seguros y en los años cincuenta creó junto a su suegro la empresa de construcción Navarro y Núñez, que creció exponencialmente con la explosión inmobiliaria de los sesenta. En el año 2000 su grupo manejaba un patrimonio valorado en 70.0000 millones de pesetas.

Un grupo con unos servicios jurídicos capaces de mantener litigios durante años y con la posibilidad de contratar a algunos de los abogados más prestigiosos de España. Uno de estos litigios, el que ha mantenido con la antigua Gesa y la actual Endesa por no cumplir las condiciones del contrato de venta del solar de la fachada marítima de Palma, se ha prolongado durante casi diez años, y ha finalizado con una sentencia, ya firme aunque pendiente de ejecución, que obliga a Endesa a pagarle una indemnización de 103 millones de euros, que con los intereses podría alcanzar los 140 millones.

La noticia se hizo pública en septiembre de 2004. El grupo Núñez i Navarro había adquirido a Gesa los solares de primera línea en la que la compañía eléctrica tenía su sede, para la construcción de tres bloques con más de trescientas viviendas de gran lujo. El acuerdo contemplaba el compromiso por parte de la eléctrica de derribar el edificio y entregar el solar vacío a la constructora.

Pero ese acuerdo no se pudo cumplir. En 2006 el Consell de Mallorca, en medio de una encendida polémica, declara el edificio Bien Catalogado, lo que impide su derribo. Posteriormente, el Ayuntamiento, dirigido por Aina Calvo, se ve obligado a modificar su Plan General para incluir la protección del inmueble y aprovecha para declarar zona verde los solares anexos, incluido uno de los extremos, propiedad de Mapfre.

A cambio, el Ayuntamiento les ofrece otros terrenos en la misma zona pero en segunda línea, con el doble de edificabilidad de estos. Los representantes de Mapfre aceptan el canje, pero Núñez no. Presenta recurso tras recurso, en una batalla jurídica librada contra el Ayuntamiento y contra los vendedores, Gesa y luego Endesa. Hasta una veintena de reclamaciones judiciales en los últimos diez años, que han desembocado en la sentencia del Tribunal Supremo, dictada este pasado verano, por el que se condena a la eléctrica a abonar a Núñez i Navarro la millonaria indemnización.

Acusación en Can Domenge
Con esta sentencia, ya firme, finaliza la relación de Núñez con el solar de primera línea y los representantes municipales respiran un poco más tranquilos. Están convencidos de que resultará más fácil llegar a un acuerdo con Endesa que con el combativo octogenario. Pero no ha sido su única intervención en el urbanismo de Palma. La otra maniobra, con sabor a venganza según algunas fuentes, fue determinante para llevar a prisión a la antigua cúpula de UM.

En la Navidad de 2005, sin apenas publicidad ni días hábiles, el Consell de Mallorca, controlado entonces por UM, hace público el concurso de venta de la que se consideraba la joya de la corona de su patrimonio: el solar de Can Domenge, cerca del cementerio de Palma. El pliego incluye una cláusula insólita, un precio máximo que deberá abonar el comprador: 30 millones de euros.

Desde un primer momento, Josep Lluís Núñez denuncia que esta claúsula es un escándalo, ya que ofrece el suelo público a la mitad del precio considerado real en ese momento. Y una de sus empresas ofrece 60 millones.

La obra se adjudica a la empresa Sacresa por el precio inicial y Núñez, a través de las empresas Joel SL y Anova SA, presenta en 2007 una denuncia en el juzgado contra el Consell y la constructora adjudicataria por malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos. A esta denuncia siguió la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que acabaron con los máximos representantes entonces del Consell, como Maria Antònia Munar, Miquel Nadal, Miquel Àngel Flaquer, Bartomeu Vicens o el propietario de Sacresa, Román Sanahuja, juzgados y condenados. La sentencia considera acreditado que amañaron la venta por un precio considerado la mitad del real a cambio de que el constructor pagara a los políticos un soborno de cuatro millones de euros.

La sentencia establece también una indemnización a las empresas de Núñez que asciende a 23.800 euros, una minucia en comparación con las cifras que maneja el promotor. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que en este caso, el móvil económico era lo que menos le importaba. Se trataba de devolver la jugada por el solar de Gesa.

Paradójicamente, Núñez ha acabado igual que Maria Antònia Munar. El pasado fin de semana tuvo que entrar en prisión en Barcelona para cumplir una condena de dos años y seis meses de prisión por un caso que se ha dilatado durante quince años. Según la sentencia, Núñez y su hijo encabezaron una trama que sobornó durante años a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda con sus empresas, lo que les habría permitido ahorrarse millones de euros en impuestos.

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