La corrupción en la Empresa Funerària Municipal se saldará con la devolución de 250.000 euros y la pena de cárcel para el exgerente, Óscar Collado, durante tres años y tres meses. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba 12 años de prisión y la entrega de 1,2 millones para las arcas públicas. Pero el Ministerio Público ha llegado a un pacto de conformidad con los acusados: les rebajan las penas y las indemnizaciones a cambio de una condena inmediata y firme, que supondrá el ingreso en prisión de Collado.

El antiguo responsable de la Funerària entre 1989 y 2007 ha asumido la culpabilidad de cuatro delitos: prevaricación, malversación de dinero público, falsedad en documento mercantil y fraude a la Administración. Además de la pena de tres años y tres meses de prisión, estará inhabilitado durante siete años.

En cuanto a la indemnización a la Funerària, Collado y su esposa deberán restituir 250.000 euros entre ambos. Francisca Moll acepta ser la responsable de gastar un dinero de origen ilícito y le corresponderá reintegrar 20.000 euros, que ya ingresó hace años. Collado tendrá que hacerse cargo de los 230.000 euros restantes, de los que ya ha abonado 100.000 (le quedan 130.000 euros por reembolsar).

La reducción de la pena -de 12 años a 3 años y 3 meses- no solo se debe a que Collado ha asumido la comisión de los cuatro delitos. También se le han aplicado dos atenuantes: dilación indebida -el juicio ha tardado tres años en celebrarse- y reparación del daño económico.

La Fiscalía también acusaba a cuatro empresarios que trabajaron para la Funerària de Palma durante la dirección de Collado. Dos de ellos han sido absueltos y no pagarán ni indemnización. Un tercero queda pendiente de juicio, ya que ayer se encontraba enfermo y no puedo viajar a Palma. El último ya ha fallecido, por lo que no puede ser juzgado.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción señalaron que, si el juicio se hubiese celebrado, existía la posibilidad de que la condena hubiese implicado más años de cárcel, pero un reembolso de dinero menor. El Ayuntamiento de Palma, que ejercía la acusación particular como principal perjudicado del caso de corrupción, se mostró a favor del pacto y la rebaja de penas a cambio de conseguir una mayor indemnización.

Juicio en cuatro minutos

La vista oral duró cuatro minutos. Fue el tiempo que tardaron los acusados Collado y Moll en mostrar su conformidad con el pacto firmado para que el magistrado Juan Jiménez, de la sección segunda de la Audiencia Provincial, pudiera pronunciar el "visto para sentencia".

En el pacto que aceptaron ayer los dos condenados, Collado asume que ordenó a la Empresa Funerària Municipal que pagara facturas falsas y cuantías infladas por servicios más baratos para quedarse él con la diferencia. Por ejemplo, así sucedió en la compraventa de ataúdes o de vehículos funerarios.

También acepta que vendió nichos a particulares y se quedó con una parte del dinero pagado por los compradores. Según el escrito de conformidad, Collado simuló anticipos a la compañía municipal cuyo cobro reclamaba con posterioridad. Entre las irregularidades de su gestión, el exgerente también manifiesta que amañó concursos públicos para cobrar comisiones.

En el escrito final, el Ministerio Público retiró varias de las acusaciones de cobro ilegal de comisiones. Según afirmó el fiscal Juan Carrau durante el breve juicio, "no hay acreditación suficiente" de algunas de las cantidades malversadas.

Así finaliza el llamado caso Funeraria, que estalló tras la publicación en DIARIO de MALLORCA en 2009 que Collado y la exregidora del PP Marina Sans facturaron viajes de sus familiares a costa de dinero público. Sans fue exculpada en 2011 a petición del fiscal, que entendió que no había pruebas de que hubiese cometido delito. Collado trabajó para la Empresa Funerària Municipal durante 26 años, de los que 18 fueron como director o gerente.