El alcalde de Palma, Mateo Isern, se desmarcó ayer nuevamente de la línea oficial de sus concejales y ordenó a los Servicios Sociales que investiguen si hay niños desnutridos en la ciudad. Esta fue una de las cuestiones tratadas en la segunda jornada del debate sobre el estado de la ciudad, que dio como resultado la aprobación por unanimidad de 69 propuestas de las 297 presentadas por los grupos municipales (44 del PP, 116 del PSOE y 36 de MÉS).
Después de la reiteración de las denuncias sobre desnutrición infantil por parte de la portavoz del grupo municipal socialista, Aina Calvo, en el transcurso de la segunda jornada del debate sobre el estado de la ciudad, Isern manifestó estar "seriamente preocupado por esta cuestión" por lo que anunció que había dado órdenes para que se pongan en contacto con el colegio público Joan Capó con el fin de averiguar la existencia o no de 48 niños mal alimentados, tal como denunció Calvo. "Si esta situación existe debemos ser capaces de dar una respuesta clara e inmediata por parte del Ayuntamiento", insistió el alcalde, ante el mutismo de la concejala y consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, y de la responsable municipal del departamento, Ana Ferriol, para quien "no consta" la existencia de problemas de malnutrición infantil en la ciudad.
Con posterioridad, no obstante, desde Bienestar Social se anunció que el teniente de alcalde Sebastià Sansó y la concejala Ana Ferriol mantendrán hoy una entrevista con la directora del Joan Capó, "ante la alarma generada por el anuncio de la existencia de casos en este colegio realizada por el grupo socialista".
En la misiva se insiste en que los centros de la ciudad "no han informado a Bienestar Social de ningún caso de malnutrición ni a raíz de la carta enviada a los colegios hace dos meses ni como consecuencia de una segunda carta remitida el pasado 31 de mayo".
En este caso recuerdan que los colegios disponen hasta el próximo día 21 de junio para remitir su respuesta. Con estas misivas desde las concejalías de Bienestar Social y Educación se indica que se ha querido establecer un canal de comunicación "ágil, directo y abierto" con los centros escolares con el fin de poder actuar "con la máxima diligencia".
En el caso del Joan Capó los 48 casos denunciados por los socialistas, según Ferriol, quien habló con la directora del colegio, se refieren a una situación que puede producirse en verano cuando cierre el comedor escolar.
Previamente, en el transcurso del debate de las propuestas de resolución el equipo de gobierno rechazó una serie de proposiciones del grupo municipal socialista tendentes a atajar esta problemática con la aprobación de un plan de choque municipal que garantice la puesta en funcionamiento de comedores escolares en los centros públicos este verano con el fin de dar respuesta a las necesidades de nutrición infantil detectadas en distintas barriadas de la ciudad.
También rechazaron la convocatoria del Consell Municipal Escolar y a celebrar una reunión urgente con los directores de los centros con del fin de tratar esta problemática, y a garantizar que los centros dispongan de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de los comedores escolares a lo largo de todo el año.
Asimismo, se proponía destinar casi 500.000 euros del denominado fondo de contingencia con el fin de garantizar que ningún escolar se quede sin comedor el próximo curso.
Calvo recordó que el equipo de gobierno ya ha incumplido un acuerdo plenario adoptado por unanimidad a petición de su grupo el pasado mes de junio, por el que se debía elaborar un informe anual sobre la situación de la desnutrición infantil en Palma.
En marzo de 2012 se reiteró el acuerdo y se solicitó la elaboración de un plan de acción municipal, que fue rechazado.
Si bien en el debate sobre el estado de la ciudad el equipo de gobierno rechazó las propuestas del grupo municipal socialista sobre esta cuestión, tanto el PSOE como MÉS apoyaron la propuesta del PP relativa a la creación de una "mesa de trabajo" con el fin de dar respuesta a las necesidades de la infancia en riesgo, en la que deben participar los centros escolares y de salud y las consellerias de Educación, Salud y Familia y Bienestar social para poner en común la información y los recursos".
También se creará otra "mesa de trabajo" con la participación de entidades que se dedican a la infancia con el fin de "unir esfuerzos en la lucha contra la pobreza infantil y otros aspectos relacionados con los derechos fundamentales".
