El Ayuntamiento ha despedido a las dos intérpretes del servicio de lengua de signos y negocia con el Consell el uso compartido de los especialistas que tiene la institución insular con el fin de ahorrar costes. Sin embargo, el equipo de gobierno durante la anterior legislatura intentó dicha alternativa y no prosperó, porque estos expertos no sólo trabajan durante las sesiones plenarias, sino que también "acompañan a las personas sordas para hacer gestiones", según explicó ayer el grupo municipal socialista, por lo que "a veces no es suficiente con dos intérpretes para todo". En Mallorca hay federadas 2.200 personas con una discapacidad auditiva superior al 33%, como detalló el PSOE de Cort.
El actual equipo de gobierno también tratará de llegar a un acuerdo con el Parlament, que cuenta asimismo con el servicio de intérprete de signos. Según el consistorio, el pleno de Cort no sufrirá la supresión de la lengua no verbal, aunque no garantiza que la próxima sesión plenaria, que tendrá lugar el último jueves de septiembre, ya cuente con la presencia de un traductor.
Tal como explicaron ayer en un comunicado de prensa, la causa de dichos despidos es que el consistorio "tenía contratadas de forma interina a dos personas en régimen de media jornada, aunque sólo trabajaban un día en todo el mes. Esta desproporción suponía un agravio comparativo con el resto de funcionarios y empleados municipales".
Además, el PP critica que las dos trabajadoras "no formaban parte de la plantilla, sino que estaban contratadas en función de un proyecto de inversión [...]. Dada la relevancia que el grupo socialista parece atribuir ahora a este servicio, resulta incomprensible que durante los cuatro años de su mandato no crearan estas dos plazas y las dotaran como el resto de la plantilla municipal".
Están obligados
El PSOE recuerda que durante la anterior legislatura se comenzó contratando a las especialistas por horas, pero salía muy caro, ya que en Mallorca no hay y debían venir de Menorca o Barcelona. Después se optó por compartir el servicio de lengua de signos, aunque finalmente vieron que la mejor opción era la hasta ahora adoptada, según fuentes de este grupo municipal.
También destacan que "hay una ley (la 27/2007) que protege los derechos lingüísticos de estos ciudadanos y obliga a las administraciones públicas a prestar el citado servicio".
Por su parte, el actual equipo de gobierno asegura que trabaja para "buscar una solución, ya sea mediante la Abils (Asociación Balear de Intérpretes de Signos)" o a través de los citados acuerdos con el Consell o el Parlament. El Ayuntamiento de Mateo Isern insiste en que la medida se toma en la línea de la "austeridad" que se necesita actualmente.
