Rodrigo de Santos intentará eludir la prisión

RAQUEL GALÁN. PALMA. Mañana comienza el juicio. Con permiso de los casos Andratx y Son Banya, es uno de los llamados juicios del siglo de los últimos años a nivel local, porque tiene sexo, drogas y un político implicado. Javier Rodrigo de Santos, ex concejal de Urbanismo de Palma durante la pasada legislatura, está acusado de malversación de caudales públicos, ya que utilizó la tarjeta Visa de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos (EMOP) para gastarse 50.804 euros en diferentes clubes de alterne homosexuales. El fiscal pide cinco años de cárcel para el ex político del Partido Popular, aunque será un jurado compuesto por nueve personas quien decida si es culpable o inocente.
Cuando los hechos salieron a la luz, en marzo del año pasado, De Santos lo admitió enseguida y devolvió todo el dinero público sustraído. Sin embargo, nunca se ha querido declarar culpable porque alega una severa adicción a la cocaína. La defensa, a cargo de José Ignacio Herrero, pretende que este problema sea un atenuante, ya que estaba dominado por la droga y no podía controlar sus gastos con dinero municipal, efectuados entre 2006 y 2007. La fiscalía, representada por Juan Carrau, no admite este argumento para rebajar la pena de cárcel, aunque sí ha estimado el arrepentimiento y la reparación del daño causado.
A finales del año pasado, el fiscal ofertó la reducción de la pena a tres años de cárcel, que suponía el ingreso para cumplirla, pero Javier Rodrigo de Santos rechazó declararse culpable de una malversación continuada de fondos públicos y no quiso celebrar el juicio por el sistema de conformidad. El objetivo no es tanto conseguir la inocencia como eludir la prisión.
Por este motivo, mañana se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial. Enfrente tendrá al magistrado Carlos Izquierdo, a la derecha estarán su abogado defensor y el fiscal anticorrupción, y a la izquierda de la sala se sentarán los nueve miembros del jurado y dos suplentes. La expectación es máxima para los medios de comunicación. Por la mañana se prevé que el acusado sea interrogado. Por la tarde se desarrollarán las declaraciones de los nueve testigos citados por la fiscalía, entre los que destacan los trabajadores y el dueño del club de alterne Casa Alfredo, donde el ex concejal del Ayuntamiento llegó a gastar 1.450 euros en una sola noche.
Sus visitas a este local de ambiente gay de la barriada de El Terreno eran continuas. Según la querella presentada en marzo del año pasado, cargó a la tarjeta Visa Business Plata hasta 118 servicios en Casa Alfredo desde enero de 2006 hasta junio de 2007, fecha en la que el PP acababa de perder las elecciones municipales y autonómicas. El concejal era también el presidente de la EMOP y por eso tenía acceso directo a esta tarjeta. De Santos siempre ha mantenido que sólo la utilizó para comprar cocaína, debido a su adicción, pero que nunca pagó para tener relaciones homosexuales. Los trabajadores de Casa Alfredo confirmarán o desmentirán estas afirmaciones. Los citados testimonios son importantes en cuanto a que el principal argumento de la defensa es la toxifrenia que padece el acusado. Además, podrán confirmar o desmentir si el ex edil conservador acudía solo o acompañado por otros políticos, como se ha dicho.
El fiscal también prevé interrogar por la tarde a funcionarios del consistorio para que expliquen cómo descubrieron que la Visa municipal había sido utilizada para gastos particulares. La investigación se inició en febrero de 2008 a instancias del equipo de gobierno de Cort debido a que se detectaron gastos sospechosos e injustificados. Es fácil realizar un seguimiento de unas facturas a cuenta de una tarjeta electrónica, por lo que la Policía que hizo la investigación pudo contabilizar con exactitud las veces que usó la Visa y dónde la sacó. La mayoría, como se ha dicho, en Casa Alfredo, pero también incluso en una sauna gay de Madrid.
El segundo y último día del juicio, es decir, pasado mañana, deben declarar los testigos citados por la defensa, entre los que se encuentra la esposa de Javier Rodrigo de Santos, pero posiblemente no lo hará, según fuentes del caso. El abogado defensor se apoyará en los testimonios de varios peritos para demostrar que la fuerte adicción a la droga que supuestamente sufría su cliente le impedía ser consciente de que cometía un delito de malversación. Estos expertos y los médicos forenses dirán si realmente existía un consumo elevado de cocaína y si podía dominar sus actos.
Los nueve ciudadanos anónimos de este jurado tienen la última palabra, aunque no acaba aquí el calvario de Rodrigo de Santos en los juzgados, ya que en octubre le espera un juicio por presuntos abusos sexuales a menores, donde se piden penas de hasta veinte años de cárcel.