En pleno inicio del siglo XXI, y después casi cuarenta años de Constitución, es hora de la reflexión y de la acción. Hoy, si queremos ser fuertes internamente, y proyectar esta fortaleza hacia el exterior, hace falta una política común en materia de seguridad, de defensa, de política exterior, de política energética y de política de emigración. Estas políticas o desafíos necesitan un poderoso y firme compromiso de la voluntad de todos, que dé impulso a la unidad de criterio, dejando de dar vueltas a las discusiones improductivas sobre el reparto competencial, y todo ello sin menos cabo que la materialización y ejecución de estas políticas, o de algunas de ellas, pueda realizarse desde cada una de las comunidades autónomas. Es lo que yo llamo un mínimo común para todos.
Es frecuente ver el gran divorcio que existe entre lo que piensan los ciudadanos y lo que piensan los políticos, que en muchos casos se erigen en portavoces de estos ciudadanos. Los ciudadanos no entienden de luchas competenciales, no entienden de privilegios de unos en relación a otros, en función de la comunidad a la que les ha tocado vivir, no entienden del chantaje permanente de los nacionalismos a la nación española, y menos aún entienden que los grandes partidos se dobleguen a estos chantajes.
El discurso de que los líderes regionales defienden valores regionales bajo el engaño de cuanto más fuerte sea la región o comunidad autónoma, más fuerte será la nación española es falso en sí mismo, si se hace desde la óptica de constituirse como un contrapoder del Estado y no como parte del mismo a la vez que va cargado de perversión intelectual. En realidad, lo que se hace es defender intereses concretos, intereses de grupo o territorio y no el interés general de España. De ahí que el entendimiento entre el Estado como tal, y las comunidades autónomas, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que abordar de forma inmediata, si no queremos acabar enfrentados abiertamente al Estado, y entre las propias comunidades autónomas, convirtiendo la organización territorial de España en pequeños reinos de taifas, que lo que hacen es debilitar la necesaria e imprescindible unidad de acción de España frente a terceros países.
Los que tienen responsabilidades políticas deben darse cuenta de que los ciudadanos ya están hartos de difusiones improductivas sobre lo que es "una nación", o sobre el concepto de España. Lo que quieren y exigen los ciudadanos es que se resuelvan los problemas con que se encuentran todos los días.
Hoy España se ha convertido en el país de mayor producción normativa interna de todos los países que conforman la Unión Europea. Hoy España es el país de mayor numero de leyes y reglamentos, no sólo en el ámbito nacional, que ya de por sí sería denunciable, sino por la suma de todas las leyes y reglamentos que emanan de las 17 comunidades autónomas y que hacen imposible e inviable que los ciudadanos tengan un mínimo conocimiento de sus deberes y sus derechos, creando una insoportable y mortífera inseguridad jurídica.
Con ello, no pongo en cuestión el Estado de las Autonomías, que en términos generales ha dado buenos resultados en cuanto a la modernización y progreso en cada una de las regiones y, por tanto, de España. De lo que se quejan los ciudadanos es de que no seamos capaces de hacer un alto en el camino para reflexionar sobre la bondad de racionalizar los recursos económicos, medios personales, materiales y normativos.
Creo que sería muy interesante constituir en el Senado una ponencia encargada de analizar las disfunciones competenciales que se han generado entre el Estado y las autonomías y entre éstas y el Estado. En definitiva, se trata de analizar las bondades del modelo territorial consagrado en nuestra Constitución a la luz de la experiencia, la racionalidad, la eficacia, la eficiencia, y la optimización de recursos. Se trata de desechar todo aquello que provoca diferencias regionales, desigualdades entre los españoles, y unir bajo un mismo criterio políticas que hagan de España un país más competitivo, más próspero y más creíble, primero desde la propia percepción interna y después, en el contexto internacional.
A tal efecto propongo iniciar el camino de las reformas en base a:
-Cierre definitivo y real del mapa autonómico.
-Eliminación de la disposición transitoria cuarta de nuestra Constitución que afecta a Navarra.
-Listado definitivo y cerrado de competencias exclusivas del Estado y sin posibilidad de transferencia.
-Incorporación de una cláusula constitucional relativa a que, en el sistema de financiación autonómica, ninguna comunidad podrá estar por encima ni por debajo del 3% de la media nacional en su computo global.
-Redefinición del papel de las diputaciones provinciales, incorporando a éstas la facultad de constituirse en administraciones periféricas de cada una de sus comunidades autónomas mediante la encomienda de gestión administrativa de estas. Se evitaría así la proliferación de las "delegaciones autonómicas provinciales", que muchas de las comunidades autónomas han instituido para gestionar sus asuntos en las distintas provincias, con el consiguiente ahorro económico que de ello se derivaría.
-Desarrollar una ley de armonización autonómica en materia de de educación, sanidad y prestaciones sociales, para equilibrar los mismos derecho y deberes a todos los españoles con independencia de su residencia.
